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Editorial:

Maragall tranquiliza

Los socialistas tratan de reforzar su cohesión interna, especialmente en materia de reformas territoriales, con vistas a las importantes citas políticas con que arranca el curso: las inminentes entrevistas de Zapatero con Rajoy y con Ibarretxe y la conferencia de presidentes autonómicos que se celebrará el próximo sábado; y con vistas, también, a la votación en el Parlamento catalán del proyecto de nuevo Estatuto tras conocerse que el dictamen del Consejo Consultivo, que se hará público mañana, aprecia en el texto importantes motivos de inconstitucionalidad.

En las reuniones de su comité federal y su consejo territorial, celebradas ayer, los socialistas catalanes, Maragall incluido, se esforzaron en tranquilizar a los otros barones recordando que habían sido ellos los que se opusieron a las pretensiones de CiU y Esquerra de introducir conceptos y planteamientos que desbordaban el marco constitucional. Y mostraron su acuerdo con los planteamientos que previamente había expresado Zapatero respecto a las reformas estatutarias. A las condiciones de consenso y respeto del marco constitucional, el presidente del Gobierno añadió una tercera que viene a ser un desarrollo de lo que en la Declaración de Santillana (agosto de 2003) se denominaba "congruencia con nuestro propio proyecto político": solidaridad entre españoles, igualdad de derechos y libertades y de prestaciones sociales básicas, unidad de mercado y leal cooperación.

Para cumplir esos requisitos, el anteproyecto de Estatuto deberá ser retocado, atendiendo como mínimo a las indicaciones del Consejo Consultivo, en particular en lo relativo a la financiación. El gallego Pérez Touriño, que gobierna una comunidad que necesita de la solidaridad de comunidades más ricas y que lo hace en coalición con un partido nacionalista, se presentó como defensor de un equilibrio entre el reconocimiento de la identidad propia y un Estado que garantice la cohesión y la igualdad social. Las inquietudes expresadas, sobre todo por la corriente guerrista, en los últimos meses hacen referencia al riesgo de un vaciamiento competencial y de recursos del Estado que le impediría asumir su responsabilidad como garante de esa cohesión e igualdad de derechos.

El debate sirvió también para matizar la propuesta del Gobierno sobre financiación de la Sanidad. No se trata de subir los impuestos, incluso se propone bajar las tarifas del IRPF, sino de avanzar en la descentralización de los ingresos, de acuerdo con la del gasto. El problema es que tratándose de una iniciativa del Gobierno central, es éste quien carga con la impopularidad de eventuales recargos en el recibo de la luz o la gasolina, aunque lo cobren las autonomías. Y eso explica el cauteloso paso atrás percibido en las declaraciones de la vicepresidenta, el viernes, y de Zapatero, ayer.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 4 de septiembre de 2005