Impuestos sanitarios

Las autonomías tendrán que asumir el desgaste de recaudar más impuestos para financiar su deuda sanitaria. Eso es lo esencial de la propuesta que el Gobierno llevará a la Conferencia de Presidentes autonómicos del próximo día 10. El acuerdo no será fácil, porque el PP se opone a que las comunidades que gobierna asuman una subida de impuestos que va contra sus compromisos programáticos. Sin embargo, fue el Gobierno el Partido Popular, cuando gobernaba Aznar, quien propuso aplicar a la financiación autonómica medidas de corresponsabilidad fiscal similares a las que ahora rechaza. Y las comunidades del PSOE las que se opusieron entonces, cuando se culminó el traspaso de la sanidad, en 2001.

El Gobierno aportará una cantidad fija, mil millones en dos años, repartida conforme a los criterios del modelo actual. Es posible que se trate de una cantidad puesta sobre la mesa para negociar, pero se antoja insuficiente para hacer frente al crecimiento del gasto sanitario derivado de factores ajenos a la gestión. Habrá ocasión de debatir en el Consejo de Política Fiscal y Financiera que se reúne el día 7. El Gobierno ya ha anticipado que no asumirá vía Presupuestos Generales el 100% de la deuda.

Lo que sí hará es facilitar la captación de más ingresos destinados a ese fin por parte de las comunidades: mediante subidas en los impuestos del alcohol y el tabaco (una parte sustancial de cuyos rendimientos se queda en las comunidades); y ampliando los márgenes de aplicación de la capacidad normativa de las comunidades para introducir recargos en los impuestos sobre hidrocarburos, electricidad y determinados medios de transporte. Son recargos finalistas, que deben dedicarse a la sanidad; pero no son obligatorios: cada comunidad podrá decidir si los aplica o no. Estudios fiscales muestran que la gente está más dispuesta a aceptar recargos fiscales si se destinan a mejorar la sanidad que si tienen una finalidad indeterminada.

Una objeción a la propuesta es que, tratándose de impuestos indirectos, que gravan el consumo, no admiten progresividad. Pero ese argumento no podrá ser utilizado, como se ha pretendido, para reclamar que sea el Estado quien asuma la integridad de la deuda. Pues ello significaría dar el mismo trato a las autonomías que han gestionado bien sus recursos y a las que no; y a las que han decidido, una vez garantizada la asistencia básica común, ampliar su catálogo de prestaciones. Esto es legítimo, pero no lo es pretender que lo paguen todos los españoles.

El argumento principal para reclamar un incremento de la aportación del Estado es el aumento de la población asistida, especialmente en algunas comunidades. Es cierto que se ha producido, pero el sistema acordado en su momento ya preveía mecanismos correctores para esa situación. La transferencia adicional que ahora compromete el Gobierno debería destinarse a compensar esa diferencia. A partir de ahí, cada comunidad deberá corresponsabilizarse de la financiación del aumento del gasto, algo que defendía acertadamente el ministro Montoro en 2001.