Los 16 focos de la crisis del pollo

A Berta Hernández, directora de Salud Pública de Castilla-La Mancha, todavía le tiembla la voz cuando aborda el tema de los pollos contaminados. "Estoy sorprendida por la repercusión que ha tenido, aunque claro, la empresa tiene una vasta red de comercialización", reconoce. El caso, pese a su relativa levedad -hasta el momento sólo un fallecido-, en un país donde se registra una media de 950 brotes de este tipo al año, estaba destinado a dar que hablar por la amplitud de la epidemia que se extendió desde una planta de procesado de carne de ave de Toledo a 16 autonomías, dejando (además de la víctima mortal), una estela de cerca de 2.000 afectados, más de 150 de los cuales requirió hospitalización.

Lominchar era la joya de la industria alimentaria de Castilla-La Mancha

"La bacteria no tenía que estar ahí. Tampoco se inspeccionó el lote", se queja la OCU

Dos semanas después del pavoroso incendio que segó 11 vidas y arrasó 13.000 hectáreas arboladas del Alto Tajo, un nuevo fuego informativo, con 16 focos por todo el país, venía a colocar bajo una luz incómoda a Castilla-La Mancha. Lo más grave del nuevo escándalo fue que implicaba de lleno a la planta de Lominchar (Toledo), del Grupo Sada, parte de Nutreco España, filial de Nutreco Holding, una gigantesca multinacional holandesa -que tiene sus orígenes en los negocios agroalimentarios de British Petroleum-, con presencia en 22 países. En el nuestro la firma cuenta con cinco divisiones, 3.000 empleados, y hasta una fundación dedicada a la defensa de la seguridad alimentaria. La planta de Lominchar era, además, algo así como la joya de la corona agroalimentaria de la región, en la que el Grupo Sada gastó 12 millones de euros. Las instalaciones fueron inauguradas en noviembre pasado por todo lo alto, con asistencia de la ministra de Agricultura, Elena Espinosa, y del presidente regional, José María Barreda.

¿Qué había ocurrido para que en tan modélicas instalaciones se cobijara una bacteria insidiosa, que contaminó miles de unidades de pollo precocinado? Y, sobre todo, ¿cómo pudo pasar inadvertida la contaminación para los inspectores castellano-manchegos que acudían periódicamente a la planta, y que la visitaron por última vez el 26 de julio? "La empresa tiene su propio sistema de autocontrol. Los inspectores revisan y controlan todos los registros de un protocolo, y ninguno ha dado positivo", dice Hernández. En estos registros burocráticos, no figuraba por lo tanto el conducto ciego del circuito dosificador de la salsa, inaccesible a la limpieza, donde, según la empresa, se alojó la salmonela.Un elemento invisible para los inspectores y para la empresa, los dos engranajes sobre los que se asienta la seguridad alimentaria, como explica José Ignacio Arranz, director de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA), el organismo que coordina y gestiona esta delicada materia. "La empresa tiene que ajustar sus prácticas al análisis del Codex Alimentario, y la Junta de Castilla-La Mancha debe validar el sistema, controlarlo y auditarlo periódicamente".

Por eso, cuando la mañana del 28 de julio Berta Hernández recibió una llamada de su colega de Valencia en la que le advertía de un posible brote infeccioso originado en su jurisdicción, se movilizó de inmediato. "Enviamos dos inspectores a la planta de Sada. Además se avisó por la red de alerta de la AESA a las demás comunidades. Los inspectores se personaron en Lominchar y reclamaron allí que se abriera una investigación". La empresa cerró la planta implicada, inmovilizó el producto y se responsabilizó además de la recogida de todos los pollos contaminados, en total 191.000 unidades que habían viajado ya por todo el país. ¿Cúal fue entonces el papel de la única autoridad nacional, la AESA? Arranz muestra una copia en papel de la noticia recibida ese mismo jueves de julio desde Valencia, en la Red de Alerta Alimentaria, una especie de Intranet que conecta a la agencia con las autoridades sanitarias autonómicas, y en la que circulan noticias, informaciones y alertas alimentarias.

Con los datos a su alcance, transmitió instrucciones preventivas a las restantes comunidades. Y sólo al día siguiente, la Agencia colgó en su página web una nota que advertía de la existencia de "una partida de pollo asado precocinado presuntamente contaminado con salmonela, de las marcas Pimpollo y Pollo Asado Sada", que fue recogida por los medios de comunicación.

Lo que empezó siendo una modesta alerta fue cobrando dimensiones enormes en el curso de las siguientes 48 horas. Como un goteo constante, las autonomías enviaban los datos de nuevos afectados a la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, gestionada desde el Centro Nacional de Epidemiología, aunque la consigna general en la administración era clara: rebajar la alarma, que el director de AESA no ha considerado en ningún momento como una crisis alimentaria, pese a las críticas de la oposición política.

La propia Berta Hernández, en declaraciones al diario económico Cinco Días publicadas el miércoles, se mostraba comprensiva con el Grupo Sada, cuyo comportamiento colaborador recibió elogios en el Ministerio de Sanidad. La política de Sada con los medios de comunicación ha sido, en cambio, de total hermetismo. En estos días de crisis se ha limitado a colocar en la prensa comunicados y anuncios informativos tranquilizadores. En lo demás, silencio absoluto. Este periódico no pudo obtener dato alguno sobre la empresa, ni acceso a la planta de Lominchar.

Tampoco las organizaciones de consumidores han quedado contentas con su comportamiento. "La empresa debe ser consciente de que lo ocurrido es una infracción grave. Así está tipificado en la legislación española. Y cuando en sus comunicados habla de que atenderá las reclamaciones, esperamos que sea consciente de que eso significa indemnizar a los afectados", dice Iliana Izverniceanu, de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Para la OCU también ha quedado en entredicho la tarea de los inspectores, especialmente de los dos que acudieron a la planta el 26 de julio, en vísperas de que se desatara la alerta. "¿A qué fueron? En estos casos, las inspecciones se producen de oficio o por denuncia. Quizás sospechaban de alguna anomalía", opina Izverniceanu. En Castilla-La Mancha, la primera víctima del brote se registró el 22 de julio, aunque se supo unos días después. En la Comunidad Valenciana, donde un anciano de 90 años falleció como consecuencia de la salmonelosis, los primeros casos corresponden a ese mismo fin de semana. Juana Mari Ripoll, farmacéutica de Xábia, lo recuerda muy bien porque compró en un gran supermercado tres pollos asados el sábado 23 de julio. Juana Mari recuerda perfectamente el precio de cada uno, 3,80 euros. "Los he comprado otras veces y están muy buenos, pero esa vez nos hemos puesto casi todos enfermos, por culpa de un error". Para Iliana Izverniceanu no se puede hablar de un error, sino de fallos graves. "Esa bacteria no tenía que estar ahí, en el dispensador de salsa, pero además el hecho de que el producto se comercializara, significa que faltó también una inspección del lote, es decir, un control del producto final, absolutamente obligatorio".

Las responsabilidades del Grupo Sada las decidirá la Junta de Castilla-La Mancha. ¿Y las de la propia Junta? Berta Hernández no cree que existan. Aunque teme que este segundo incendio deje bajo sus pies tierra quemada.