El derrumbe definitivo del gran dictador

El fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago abre en teoría el camino al juez Sergio Muñoz para que tome declaración indagatoria al general Augusto Pinochet y, en base a los firmes indicios que constan en la causa, dicte un auto de procesamiento. Pero este camino no puede ser transitado de inmediato. Porque la defensa de Pinochet puede recurrir ante un tribunal superior, la Corte Suprema, que tendrá la última palabra. Solo si este tribunal ratifica la decisión adoptada ayer, el juez Muñoz podría pasar a la acción contra Pinochet.

¿La decisión de ayer, por tanto, debería ser calificada como un fallo simbólico? Lo es si la referencia es la cárcel o un juicio. Pero el que estas dos instancias no aparezcan estar en el horizonte, no le quita explosividad a la decisión. Pinochet había sido acusado hasta ahora por crímenes como los de la Operación Caravana de la Muerte y la Operación Cóndor. De ambas ha logrado zafarse con el argumento de su presunta demencia senil. Una demencia que el ex juez Juan Guzmán ha calificado como un acto de fingimiento y exageración.

Y es altamente probable que logre eludir la acción judicial con igual pretexto en los delitos sobre evasión fiscal, falsificación de pasaportes para ocultar su identidad a la hora de abrir 125 cuentas bancarias en el exterior, falsificación de documentos en la Subsecretaría de Guerra, y elusión de las medidas cautelares solicitadas por el juez Baltasar Garzón sobre su fortuna en octubre de 1998.

Aun cuando la Corte Suprema acceda, como en otras ocasiones, a salvarle mediante el pretexto de la demencia senil, la Corte de Apelaciones ha considerada fundada la petición de anulación de su inmunidad para investigar estos delitos. A Pinochet ningún tribunal le quita lo bailado.

Que el tribunal votara a favor del desafuero en un tema relacionado con el juez Garzón es una nueva victoria de la jurisdicción española, siete años después del arresto del ex dictador en Londres.