Justicia no ve aún base en el último informe para impugnar la lista sospechosa EHAK

La Abogacía del Estado sigue escrutando "minuciosamente" la información de que dispone de la policía y la Guardia Civil, pero no ve, por el momento, base para impugnar la candidatura del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK en euskera). La Abogacía del Estado elevará un informe, escrito o verbal, en las próximas horas al Gobierno en el que se pronunciará sobre si debe impugnarse o no la candidatura de EHAK. "No hay, por tanto, una decisión tomada. La decisión que se adopte, finalmente, estará bien fundamentada", señalan las fuentes consultadas.

El Gobierno dio instrucciones a la Abogacía del Estado, hace semanas, para que investigara todas las listas sospechosas de vinculación con el brazo político de ETA, entre ellas EHAK.

De los informes iniciales del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil no se deducían indicios suficientes para proceder a la impugnación de esta candidatura, como se había hecho con la agrupación de electores Aukera Guztiak (AG).

El viernes pasado, una vez conocida la petición de voto de Batasuna en favor de EHAK, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró que la Abogacía del Estado había redoblado su investigación, pero que ese dato "sobrevenido" era insuficiente.

Tampoco le parecen pruebas suficientes a la Abogacía del Estado las informaciones suministradas por las Fuerzas de Seguridad del Estado, conocidas ayer, sobre relaciones entre miembros de Batasuna y EHAK.

El Mundo publicó ayer que, a finales de marzo, se reunieron el dirigente de Batasuna Joseba Permach y el presidente de EHAK, Juan Carlos Ramos. Fuentes de los servicios de información aseguran que esta reunión explicaría la rapidez con la cual, una vez consumada la anulación de la lista de Aukera Guztiak, Batasuna ofreció sus votos a la lista comunista y ésta se apresuró a aceptar su oferta.

Conexión operativa

Pero el criterio de la Abogacía del Estado es que deben ser "razones fundamentadas en Derecho" las que determinarán a los tribunales si se vulnera o no la Ley de Partidos y, por tanto, si es ilegalizada la candidatura de EHAK. Lo que tendría que probarse, según la Ley de Partidos, es la conexión operativa, y no meramente ideológica, entre la ilegalizada Batasuna y EHAK, de forma que existiría una sucesión entre ambas.

Las fuentes consultadas estimaban que, hasta ayer por la noche, la Abogacía del Estado no encontraba en los indicios aportados por los servicios de información "elementos suficientes que puedan llevar a la impugnación", aunque fuentes próximas a la misma insistían en que "la investigación continúa, de modo muy minucioso". Dicha investigación culminará con un informe, escrito o verbal, que hoy trasladará la Abogacía al Gobierno.

El Gobierno insiste, por su parte, en que aún hay plazo, si se encuentran pruebas suficientes, para presentar un incidente de ejecución de sentencia ante el Supremo, que sería la fórmula elegida para ilegalizar EHAK antes de la celebración de las elecciones, el próximo domingo.

Fuentes gubernamentales sostienen que es preciso mantener una actitud escrupulosa ante la posible ilegalización de EHAK para evitar que una insuficiencia de pruebas acarree que el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Estrasburgo desestimen una petición de ilegalización de la Abogacía del Estado.

Las mismas fuentes recordaron el precedente de la ilegalización de la candidatura Aukera Guztiak, que provocó una fuerte división en el Tribunal Constitucional. Finalmente, el debate pudo zanjarse con una sentencia votada unánimemente por todos los magistrados.

Las fuentes consultas admiten que las pruebas contra EHAK son de carácter indirecto y circunstancial, mucho menos sólidas que las aportadas contra AG y que fueron en parte descalificadas por el Constitucional.

En el seno del Gobierno, el titular de Defensa, José Bono, es el que mantiene una posición más claramente favorable a la impugnación de EHAK.

Dicho ministro se ha mostrado partidario de acudir a los tribunales para despejar las dudas que intenta sembrar el PP sobre una supuesta tibieza del PSOE en este tema, aun a riesgo de que éstos acaben por no darle la razón al Gobierno.