El Gobierno mantiene que la ley contra la violencia ampare sólo a las mujeres

Cambia de nombre, mantiene la discriminación positiva y recibe algunos retoques. El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto de ley orgánica integral contra la violencia de género, que se enviará al Congreso para su discusión inmediata. El Gobierno reitera su propósito inicial de que la norma proteja en exclusiva a las víctimas femeninas de la violencia doméstica (formulan nueve de cada diez denuncias). Los hombres sólo tendrán el amparo del Código Penal. Se mantiene el agravamiento de penas para los varones agresores y mejora la protección a los hijos de las maltratadas.

"La Constitución mandata a los poderes públicos a tratar de forma desigual lo que, siendo igual formalmente, es desigual materialmente. Por tanto, exige a los poderes públicos la adopción de medidas que remuevan obstáculos para hacer aquello que, siendo igual formalmente, es desigual". Este fue uno de los argumentos esgrimidos ayer por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, para defender que la nueva ley para atajar el maltrato físico o psicológico afecte sólo a las víctimas femeninas (discriminación positiva).

El Ejecutivo mantiene así su planteamiento, defendido también por las organizaciones feministas, de que el origen de esta violencia radica en la desigualdad entre sexos. Las mujeres sufren una violencia específica por el hecho de serlo. De ahí que deba atajarse con medidas de discriminación positiva. La exclusión masculina de la ley ha sido el eje del único informe negativo al proyecto, el aprobado por la mayoría conservadora del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Ley "constitucional"

"Con esta ley, el Gobierno pretende tratar lo mejor posible a quien es objeto de la violencia por el hecho de ser mujer y endurecer las penas para quien lo comete. ¿Esto es discriminar? A lo mejor, sí, pero está claro que esta discriminación no es sólo constitucional, que lo es, sino que está en el espíritu mismo de la Constitución", matizó la vicepresidenta en rueda de prensa. Fernández de la Vega, que ha seguido de cerca los trabajos para la elaboración de la norma, puntualizó: "Si teníamos que elegir entre la seguridad y el derecho a la igualdad de las mujeres o una interpretación, a mi juicio conservadora, del derecho a la igualdad, este Gobierno lo tenía muy claro: optamos por la seguridad y por los derechos de las mujeres".

El proyecto de ley mantiene la implantación de un tratamiento penal distinto para hombres y mujeres en el caso de las amenazas y coacciones leves Si las cometen los hombres serán delitos. Si son obra femenina, serán faltas. Este aspecto ha provocado la crítica tanto de los vocales progresistas como de los conservadores del CGPJ y por el Consejo de Estado. El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, justificó esta desigualdad en el ámbito penal como un medio para alcanzar la igualdad. Añadió que Naciones Unidas recomendó en 1997 reforzar las legislaciones en distintos ámbitos para combatir la violencia contra la mujer.

El Gobierno ha realizado modificaciones en el anteproyecto sugeridas tanto por organismos oficiales como por organizaciones de mujeres. "Hemos incorporado muchas propuestas de los órganos consultados con un solo límite: el del espíritu de la ley, que es la defensa a ultranza de las mujeres que son maltratadas", dijo Fernández de la Vega.

Entre los cambios de mayor relevancia figuran los que afectan a la definición del objeto de la ley. Así, desaparece el concepto de que la violencia sobre mujer es la utilizada "como instrumento para mantener la discriminación, la desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres". Se elimina esa intencionalidad que, según varios expertos, obligaba a tener que probar que el ánimo de discriminar era el objetivo de la agresión. El texto aprobado ayer limita el ámbito de aplicación de la ley: entre agresor y víctima deberá existir, o haber existido, una relación de afectividad. En cambio, el anteproyecto dejaba la puerta abierta para que la norma se aplicara a las agresiones causadas a una mujer por cualquier hombre, lo que incluiría, por ejemplo, las agresiones sexuales de desconocidos, según aclararon semanas atrás fuentes gubernamentales.

El nuevo artículo 1 define como objeto de la ley "actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia". Detalla que la violencia de género a que se refiere la ley "comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad". Así figura en el texto enviado anoche a los medios de comunicación. A primera hora de la tarde de ayer, pese a estar aprobado, los expertos aún retocaban algún aspecto del proyecto de ley.

Hijos protegidos

El proyecto de ley recoge expresamente el derecho de los hijos de las maltratadas a las prestaciones de los servicios sociales, tal como había recomendado en su informe el Consejo Económico y Social. La mejora en la protección de los menores busca "garantizar de forma efectiva las medidas de protección adoptadas respecto de la mujer". En línea con el planteamiento de la norma, ésta sólo afectará a los hijos de agredidas. Los nuevos juzgados de violencia también serán competentes para decidir sobre las cuestiones relacionadas con los menores afectados por la violencia que sufran sus madres.

En el terreno laboral, el Gobierno ha escuchado igualmente al CES y ha incluido bonificaciones para las empresas que hagan un contrato a un interino que sustituya a una maltratada que haya suspendido su relación laboral a causa de las agresiones. Igualmente se garantiza, a petición de ese consejo, "la equidad interterritorial" en la implantación de los servicios de asistencia a las víctimas.

En la educación, se establece que los consejos escolares de los centros incorporarán miembros que velen por la aplicación de los principios de igualdad, como pidió el Consejo Escolar del Estado. El sindicato ANPE y la Confederación de padres católicos lo critican porque, dicen, abre una vía de representación en los consejos a instituciones no educativas.