La UE, los derechos humanos en Colombia y el consumo de cocaína

El compromiso de Europa con los derechos humanos y el medio ambiente debe ser igualado por una autoevaluación respecto al consumo de drogas.

Les diré por qué.

Hace un mes sobrevolé un tramo de selva virgen en la costa pacífica colombiana, una de las áreas con mayor biodiversidad de nuestro planeta, según ambientalistas. A medida que disfrutaba de la belleza de la inmensa alfombra verde de árboles, se empezaban a divisar espacios negros en las tres capas de vegetación. Estos hoyos antinaturales eran el producto de quemas y talas, no por empresas multinacionales, sino por cocaleros buscando nuevos campos para conseguir una nueva cosecha de hoja de coca para poder satisfacer la enorme demanda de cocaína en Europa y Estados Unidos.

Los cocaleros en Colombia trabajan directamente para las FARC, el ELN y las AUC, los peores violadores de los derechos humanos en el continente americano. Y, además de asesinato de civiles, secuestros y otras actividades criminales, se estima que por lo menos 1.800.000 hectáreas han quedado inutilizadas por el cultivo y procesamiento de cocaína por las FARC, el ELN y las AUC.

Faltó tan sólo una cosa en la destrucción de esta selva tropical, que contiene el 10% de la biodiversidad del planeta: no ha habido condenas por parte de grupos defensores de derechos humanos ni ambientalistas. En cambio, éstos se preguntan por qué las políticas del Gobierno nacional contra estas organizaciones terroristas es tan decidida. Los grupos de derechos humanos y ambientalistas serios deben dirigir su credibilidad a detener el inmenso daño ambiental y las violaciones a los derechos humanos causados por estos actores no estatales que han sido clasificados como terroristas por la Unión Europea.

En Colombia, el proceso de producción de cocaína no es la extensión de una cultura medicinal indígena, como quieren hacer creer algunos grupos mal informados. La producción de cocaína es una industria manejada por las FARC, las AUC y el ELN, que derraman millones de galones de fertilizantes tóxicos e insumos químicos en ríos vírgenes y zonas selváticas, además de la quema y tala de hábitat de especies en vías de extinción.

Las fuertes políticas de seguridad del Gobierno colombiano no son un capricho; estas políticas son una respuesta a la violencia financiada por el tráfico internacional de drogas y orquestada por estos grupos terroristas.

Los revolucionarios de ayer son los multimillonarios barones de la droga de hoy. Las ganancias ilegales obtenidas por el negocio de la cocaína afectan a todas las comunidades, a todos los individuos, a cada sistema que tocan, sea éste la banca, las finanzas internacionales o la corrupción de jueces, sindicalistas, fiscales y funcionarios gubernamentales.

Algunos europeos han sido críticos de la debilidad de las instituciones en Colombia o, en ocasiones, de un excesivo gasto en seguridad. Nosotros pedimos a estos críticos que den una mirada honesta al efecto del tráfico internacional de drogas y su rol en el debilitamiento de instituciones democráticas que son indispensables para el imperio de la ley y la prevención de violaciones a los derechos humanos.

El informe de derechos humanos de las Naciones Unidas de 2003 es directo y claro al vincular a las FARC, el ELN y las AUC con el narcotráfico, la extorsión y el uso de explosivos no convencionales. Adicionalmente, Human Rights Watch ha condenado el reclutamiento forzoso de menores al crimen y la violencia por los tres grupos. Sin embargo, los vínculos entre estas atrocidades y el consumo de drogas en el mundo parecen entrar por un oído y salir por el otro, especialmente en Europa.

Si la industria del petróleo, por ejemplo, financiara cualquiera de estos actos de violencia o produjera estos niveles de destrucción ambiental, los grupos de derechos humanos en Europa se rasgarían las vestiduras en indignación. Pero, aunque la violencia y la destrucción ambiental en Colombia es producida directamente por la demanda y el consumo de cocaína por miembros afluentes de su propia sociedad, los europeos están guardando silencio, por lo que no es nada más que un ciclo de "cocaína por sangre" en el que se alimenta el consumo de la violencia y viceversa.

El intento deliberado por ocultar los vínculos entre el consumo de drogas en Europa y la violación de derechos humanos presenta una paradoja moral; la misma Unión Europea cuyos hábitos de consumo de drogas contribuyen a la necesidad de una legislación antiterrorista en Colombia está compuesta de aquellos países que son los más críticos de las políticas que el actual Gobierno de Colombia implementa para detener el asesinato y secuestro diario de nuestro pueblo.

Europa no puede seguir queriendo derechos humanos y cocaína. Hasta que Europa tenga una posición decidida para reducir el consumo de cocaína y un compromiso multilateral para luchar contra el crimen transnacional, se seguirá sacrificando el gasto necesario para reducir la pobreza y se usará en la política de defensa.

La Unión Europea acaba de incrementar el número de Estados miembros a 25 países. Si se incrementa el consumo de cocaína con la esperada expansión económica de la Unión Europea, el pueblo de Colombia pagará con más violencia, más minas antipersonas no convencionales, más secuestros y más hoyos negros en nuestras vírgenes selvas tropicales.

Francisco Santos Calderón es vicepresidente de la República de Colombia.