EE UU apela a la 'ley contra los burdeles', de 1872, para procesar a Greenpeace por detener un barco maderero

Ayer comenzó en un tribunal federal de Miami la primera fase de un juicio del Gobierno de EE UU contra Greenpeace. El secretario de Justicia, John Ashcroft, acusa a la organización de violar una ley de hace 132 años por intentar detener un barco que transportaba caoba del Amazonas.

Los hechos se remontan a una protesta frente a las costas de Miami Beach el 12 de abril de 2002, en la que miembros de Greenpeace intentaron abordar el barco APL Jade, que, según ellos, transportaba una carga de 70 toneladas de caoba de contrabando de Brasil. Portaban una pancarta que decía: "Presidente Bush, detenga la tala ilegal". Los activistas fueron declarados culpables y condenados entonces a una semana de cárcel y a pagar una multa, tras admitir los hechos. El caso parecía haber quedado cerrado, pero hace un año Greenpeace fue inesperadamente acusada por los mismos hechos. "Nunca se ha hecho nada como esto, y es particularmente sospechoso teniendo en cuenta la misión de Greenpeace", declaró ayer la abogada que representa a Greenpeace, Maria Kayanan. La acusación se ampara en la ley contra los burdeles de 1872, que sólo se ha invocado en dos juicios desde que se promulgó. La ley fue aprobada para evitar que las prostitutas trataran de abordar los barcos que estaban llegando a puerto para atraer a marineros a sus burdeles.

El juez del caso, el cubano Adalberto Jordán, nombrado por Bill Clinton, ha rechazado la petición de Greenpeace de acceder a los archivos del Departamento de Justicia para averiguar quién dio la autorización para procesarles. Jordán ordenó que prosiguiera el juicio. "El verdadero temor del Gobierno" es que Greenpeace utilice el juicio para desviar la atención de la ley a la política, escribió.

Greenpeace sostiene que la deforestación de la Amazonia comenzó con la tala de caoba, una especie protegida por las leyes internacionales. La organización ha protestado en varias ocasiones contra lo que considera "fallo" del Gobierno de George W. Bush de impedir el contrabando de ese tipo de madera, incumpliendo los tratados internacionales. Si es declarada culpable, Greenpeace afrontaría una multa de 20.000 dólares y una libertad condicional de cinco años.