Los derechos de autor de Dalí comenzarán a dar beneficios a la fundación este año

Dalí sigue siendo una máquina de hacer dinero. La Fundación Gala-Salvador Dalí de Figueres tuvo en 2002 unos excedentes de 3,14 millones de euros sobre unos ingresos globales de 9,21 millones de euros que provenían, en un 68%, de la venta de entradas de los tres museos que gestiona la entidad en Figueres, Pubol y Cadaqués, que en 2003 fueron visitados por 1.153.713 personas. Los derechos de autor suponen también unos ingresos nada desdeñables, pero hasta ahora los numerosos procesos judiciales con Demart, la empresa de gestión de Robert Descharnes, han provocado más gastos que beneficios. La fundación de Figueres confía en que a partir de este año, con el centenario, comenzarán a generar beneficios.

La entidad ingresa unos 600.000 euros al año por los derechos, pero los gasta en pleitos

El siempre complicado entorno de Salvador Dalí ha dificultado hasta ahora la labor de la fundación que él mismo creó en 1983 con el objetivo de "promocionar, fomentar, divulgar, prestigiar y defender en todo el mundo la obra artística, cultural e intelectual de Salvador Dalí". Se trata de una fundación privada -integrada por 21 miembros, de los que 12 son vitalicios y otros 9 son nombrados por las administraciones- que no recibe subvenciones públicas y gestiona tanto el patrimonio que el artista legó al Estado tras su muerte, en 1989, como el patrimonio propio que le fue donado en vida del artista y que se ha incrementado en los últimos años con una activa política de adquisiciones.

El conflicto de los derechos de autor del artista -Dalí fue pionero a la hora de comprender el potencial económico de la propiedad intelectual- se remonta a 1986, cuando firmó un contrato de gestión con la sociedad Demart Pro Arte B. V., presidida por su entonces colaborador Robert Descharnes, que finaliza el 11 de mayo de 2004. Tras la muerte de Dalí, el Estado pasó a ser el heredero universal de todos sus bienes, derechos y creaciones, y en 1994 declaró legalmente extinguido este contrato. Desde 1995, estos derechos los gestiona, por encargo del Gobierno, la Fundación Gala-Salvador Dalí, pero no ha sido una tarea fácil porque ha tenido que demostrar su competencia en los tribunales ya que Demart ha reclamado siempre la validez de su contrato.

"En la fundación hemos mantenido una línea constante y discreta tendente a pacificar este tema", comenta el gerente, Joan Manuel Sevillano. "La defensa de estos derechos y la persecución del fraude es uno de los gastos más cuantiosos de la fundación, pero poco a poco se han ido confirmando nuestras tesis en los tribunales de distintos países. Nuestra estrategia legal ha dado sus frutos. Consideramos que el contrato con Descharnes era un mandato que se agotó con la muerte de Dalí, pero durante todos estos años nos hemos tenido que defender, porque casi todos los juicios nos los han puesto a nosotros, contra ataques abiertos de Demart. Ahora estamos pasando a un nuevo escenario en el que gestionamos los derechos en casi todo el mundo. Se ha conseguido que los jueces de otros países entiendan que para decidir sobre este tema tienen que esperar la última decisión de los tribunales españoles".

Sevillano afirma que, de momento, la gestión de los derechos de Dalí aún le cuesta muchos millones a la fundación. "Esperamos que este año, con el centenario, tendremos un excedente positivo", afirma. La fundación recauda unos 600.000 euros anuales por los derechos, pero esta cantidad, indica Sevillano, puede doblarse en los años en que hay alguna promoción especial. La fundación, indica su gerente, paga al Estado un canon del 2% de los ingresos netos que recibe por estos derechos.

"El negocio de los derechos se ha mitificado mucho", añade. "Es un tema intangible y un bien muy fácilmente robable. Hemos pasado años sufriendo por temas judiciales no sólo para defendernos, sino también para poder ejercer estos derechos. Hay que invertir mucho para pacificar el mercado y para crear una red de colaboradores mundial que nosotros hemos conseguido gracias al acuerdo con VEGAP, la sociedad de gestión de artistas visuales española que está integrada en la red internacional. Es un negocio amplio que puede llegar a ser importante, pero no es la Coca-Cola. Es como si el Estado nos hubiera dado la concesión de un pozo de petróleo, pero para sacar el crudo aún estamos poniendo las plataformas y haciendo los agujeros. Confiamos en que en un plazo breve de unos dos años puedan triplicarse los ingresos por este concepto, pero insisto en que para ello el mercado tiene que pacificarse".

Según Sevillano, la sentencia definitiva será la que especificará si Demart tiene o no que devolver lo que ha podido ir recaudando sobre este concepto desde 1994. "En la fundación no tenemos un enfrentamiento personal con Robert Descharnes", aclara. "Lo que hay es un problema legal con una empresa que consideramos ejerce unos derechos que no le corresponden. En estos momentos hay muchos pleitos abiertos y puede haber vías para que el conflicto se acabe rápido, pero no hay negociación, sino un enfrentamiento judicial muy duro de Demart con la fundación y con el Estado que tienen que dirimir los tribunales".