El abogado de Descharnes pide un acuerdo extrajudicial

En 1986, Salvador Dalí cedió, bajo supervisión del Ministerio de Economía y Hacienda, los derechos intelectuales de su obra a Demart Pro Arte, B. V., sociedad holandesa dirigida y organizada por su colaborador más cercano y antiguo en aquel entonces, Robert Descharnes, a quien el pintor había nombrado en 1984 patrono vitalicio y delegado de relaciones internacionales de su fundación.

A cuatro meses para que la cesión revierta a la fundación, el letrado José Briones, representante del ex colaborador de Dalí, pide una solución "a la altura del centenario del pintor", que a su juicio está "quedando ensombrecido" por el litigio judicial abierto entre la fundación y su cliente, un proceso que dura ya casi diez años y que Briones califica como "un disparate, indigno y vergonzoso".

El jurista, que achaca la "persecución de Descharnes" al "encono personal de la dirección de la fundación", denuncia la "falta de equidad" de los jueces a lo largo del proceso y pide un acuerdo extrajudicial: "Ésa sería la única solución a la altura de la memoria y la voluntad expresada por el artista".

Briones cuenta que en septiembre de 1994, cinco años después de la muerte de Dalí, la fundación "inició, a la vista del relativo éxito en la gestión de derechos de Demart, la persecución de Descharnes usando toda la fuerza y la influencia del Estado". Y agrega que lo hizo de manera insólita, pues, "como anunció el 6 de julio de aquel año la prensa, la fundación y Demart habían acordado anticipar en 10 años el vencimiento de la cesión de derechos".

Expulsión

Según Briones, "se expulsó de forma cuasi denigrante a Descharnes del patronato aduciendo una supuesta e hipócrita reducción de patronos que los jueces avalaron a pesar de estar en flagrante contradicción con su nombramiento vitalicio", y posteriormente "se pretendió cambiar la naturaleza jurídica de lo que era evidente incluso para el propio Estado, que había aprobado el contrato, transformando la cesión de derechos en un supuesto mandato o apoderamiento".

Tras recurrir Demart esas decisiones, los jueces, "azuzados por la fundación" según Briones, "fueron más allá e impusieron en julio de 2003 a Descharnes una cuantiosa indemnización (186.000 euros), cuya única causa era haber pedido la suspensión de una supuesta decisión administrativa".

El pleito principal, que debe decidir si el contrato es un mandato o una cesión, está pendiente de apelación desde abril de 2002 en la Audiencia Provincial de Madrid. Briones afirma que los juicios "han arruinado a Descharnes" y "que la fundación ha recuperado ya a golpe de BOE el 90% de los derechos". Y concluye: "Una honrosa liquidación no arruinaría desde luego a la otra parte".