El libre comercio enfrentará a Estados Unidos y a América Latina en la cumbre de Monterrey
Brasil y Argentina quieren más ayudas financieras contra la deuda externa y la pobreza
La caravana de burros de un sindicato de campesinos mexicanos y una América Latina más escorada a la izquierda reciben mañana en la Cumbre Extraordinaria de las Américas de Monterrey al presidente de Estados Unidos, George W. Bush, cuya prioridad es la seguridad, promover la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico, y activar el Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA). Las prioridades de los presidentes de Brasil, Argentina, Perú o de Bolivia son otras: menos recetas de liberalismo económico y más facilidades comerciales y financieras contra la deuda externa y la pobreza para evitar sublevaciones sociales.
Abiertamente hostil a Washington, el presidente venezolano Hugo Chávez observa "un nuevo eje geopolítico entre Caracas, Brasilia y Buenos Aires". Los jefes de Estado y de Gobierno de 34 países, excepto Cuba, acuden a la tribuna de Monterrey con un apretado programa de conversaciones bilaterales y una relación de las necesidades y cambios registrados en sus naciones desde la cumbre del año 2001 en Quebec. Hace diez arrancó la primera en Miami, promovida por Washington para "fortalecer la democracia" y construir una zona de libre comercio desde Alaska a Tierra de Fuego.
Pero los problemas frenan la integración. El 11 de septiembre y la invasión de Irak modificaron las prioridades de la Casa Blanca; Argentina y Bolivia sufrieron abruptos cambios de gobierno y apenas despuntan; Venezuela continúa en ebullición; Colombia, en armas; Bolivia exige a Chile una salida al mar, y las protestas son frecuentes en Perú, República Dominicana y Haití. Los asuntos oficiales de la cumbre son la gobernabilidad democrática, el crecimiento con equidad y el desarrollo social, inagotable cantera de retórica, pues el desarrollo de los compromisos adquiridos en anteriores citas ha sido discreto o negativo.
Las democracias de América Latina son todavía débiles y deficitarias en políticas de Estado, y su crecimiento económico, escaso e incapaz de crear empleo. El 44% de su población, es decir, 220 millones de personas, es pobre o mísero, y el paro encubierto aumenta, según la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Desde los años noventa, siete de cada diez nuevos puestos de trabajo son precarios y sólo dos cuentan con prestaciones sociales. Estados Unidos y un reciente estudio del Banco Mundial subrayan que la liberalización comercial de América, además de crear empleo, obligará a acometer reformas importantes en aquellas naciones todavía sin vertebrar institucionalmente.
El ALCA debiera entrar en vigor, según el calendario establecido por sus promotores, a lo largo del año próximo, pero la amplitud de las brechas políticas y comerciales sobre su contenido no propician el cumplimiento del plazo. Brasil y Venezuela pidieron que el ALCA no figure en la Declaración de Monterrey, que debe incidir en los problemas sociales del continente, según la mayoría de los representantes latinoamericanos. "La cooperación hemisférica es algo más que comercio", declaró el cinco de noviembre del pasado año Marc Lortie, viceministro de Comercio y Relaciones Exteriores de Canadá. "Teniendo en cuenta las dificultades regionales, restaurar la confianza en nuestra agenda de cooperación hemisférica es necesario y posible".
Es posible, pero improbable a corto plazo, porque, incluso sobre los grandes temas hay diferencias. Durante este fin de semana, delegados latinoamericanos discreparon con los estadounidenses y canadienses sobre cómo abordar la corrupción o el crecimiento en la declaración final. Washington expulsaría de la Organización de Estados Americanos (OEA) a las naciones más corruptas, pero eso "es como muy extremo", según Esteban Tomic, embajador chileno ante la OEA. El Norte, por otra parte, favorece medidas relacionadas con macroeconomía, y el Sur, nuevos mecanismos de financiación y herramientas para impedir que la multimillonaria servidumbre de la deuda externa sofoque los presupuestos.
La nueva correlación de fuerzas en América Latina no permitirá a Estados Unidos imponer sus tesis: Brasil y Argentina son administrados desde el pasado año por presidentes de perfil izquierdista; la Venezuela del ex teniente Chávez planta cara desde 1998, y en Ecuador y Bolivia, la presión de los indígenas o de agrupaciones radicales determina el comportamiento de sus gobernantes. Bush tratará de aminorar la rivalidad o desconfianza de varios mandatarios y sostener la asociación de otros: de México, que firmó en 1994 un tratado de libre comercio con Estados Unidos y Canadá desde 1994, y de América Central, que negocia el suyo.
Otro factor explica la coalición: cerca de 25 millones de inmigrantes de origen mexicano y varios millones de salvadoreños, guatemaltecos o nicaragüenses residen en suelo norteamericano y sus remesas familiares son un puntal económico. La adhesión de Colombia es obvia porque el Gobierno de Estados Unidos colabora, con armas y asesores, en la lucha contra las guerrillas.
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