ALCA: la salud no es un negocio

En América Latina y el Caribe hay 1,9 millones de personas que viven con VIH/sida. Carmen es una de ellas. Ahora es una mujer de sesenta y pocos años, voz suave y aspecto saludable. Carmen fue una de las primeras personas en Guatemala que recibió medicamentos antirretrovirales (ARV) para tratar el sida. Cuando entró en el programa de tratamiento del sida de Médicos Sin Fronteras (MSF) en el año 2001, Carmen pesaba 25kg y su sistema inmunológico estaba totalmente deteriorado. Con la ayuda de los ARV, Carmen ha ganado 35kg. Hoy trabaja como voluntaria en un hospital de Ciudad de Guatemala asesorando a personas que acaban de saber que son VIH positivas. Su optimismo y su experiencia personal como mujer con VIH/sida le permiten abrirse camino a través del estigma y el miedo que rodean a esta enfermedad y dar apoyo a otras personas afectadas que acaban de entrar en el programa y se encuentran en fase de adaptación al régimen de tratamiento.

En los últimos años, los ARV son cada vez más asequibles, permitiendo que gobiernos y organizaciones como MSF traten a más pacientes como Carmen. Este rayo de esperanza en medio de la catástrofe que supone la pandemia del sida se debe en gran parte a la competencia de los medicamentos genéricos, que ha conseguido que se puedan reducir los precios de los ARV de 10.000-15.000 dólares por paciente al año a aproximadamente 350 dólares por paciente al año en América Latina y a 140 dólares por persona al año en algunos países del Caribe. Pero estos logros corren el riesgo de perderse por completo con el nuevo acuerdo comercial propuesto para la región. Las disposiciones de propiedad intelectual del Acuerdo de Libre Comercio de las Américas (ALCA) y los tratados de comercio bilaterales amenazan con destruir la dinámica de competencia que ha favorecido la caída de los precios de los ARV y de otros medicamentos.

En gran medida debido a la presión por parte de EE UU y de su potente lobby farmacéutico, el borrador del acuerdo contiene propuestas que podrían hacer que la protección de la propiedad intelectual fuera la más restrictiva del mundo y que acabarían con la competencia de los productos genéricos. Concretamente, las condiciones de las patentes sobre todos los nuevos medicamentos esenciales, y no sólo los que se necesitan para tratar el VIH/sida, se ampliarán más allá de los 20 años requeridos por el Acuerdo de la OMC sobre Aspectos de Propiedad Intelectual relativos al Comercio (ADPIC), prolongando el monopolio de los titulares de las patentes y bloqueando la competencia de los productos genéricos.

EE UU está también presionando para que se adopten sus estándares respecto a la protección de los datos sobre análisis farmacéuticos, requeridos por las autoridades reguladoras de medicamentos para demostrar la seguridad y la eficacia de los fármacos. Así, en abril de 2003, el Gobierno de Guatemala modificó su ley nacional sobre la propiedad intelectual aprobando un decreto que da a las compañías farmacéuticas originarias cinco años de exclusividad sobre estos datos. Esto bloqueará la competencia de los genéricos durante cinco años. Para las 67.000 personas con VIH/sida de Guatemala, cinco años sin acceso a ARV asequibles pueden ser la diferencia entre la vida y la muerte. Guatemala es el único país de América Central que da cinco años de protección exclusiva de los datos sobre análisis de medicamentos, pero el ALCA amenaza con ampliar esta disposición a todos los países del continente americano.

MSF utiliza antirretrovirales genéricos de calidad en sus proyectos, que proporcionan tratamiento a más de 600 guatemaltecos con VIH/sida. Pero si el ALCA introduce nuevas normas más restrictivas, el acceso a medicamentos asequibles resultará más difícil. Los gobiernos de América Latina y el Caribe pueden insistir en que las disposiciones sobre la propiedad intelectual sean eliminadas de los acuerdos regionales y bilaterales y comprometerse incondicionalmente a asegurar que no se va a comerciar con la salud en las negociaciones, como la reunión ministerial de ALCA en Miami. Si los gobiernos no consiguen adoptar esta postura a favor de la salud pública, puede suponer una verdadera catástrofe para la salud de los habitantes de la región. Carmen y millones de personas en América Latina y el Caribe permanecerán atentas al desarrollo de los acontecimientos.

Emilia Herranz es presidenta de Médicos Sin Fronteras-España.