Precios en observación

No es un secreto hoy que el desbordamiento de la inflación española -un punto por encima de la media europea- se debe a la escalada continua de los precios de los alimentos frescos y de los servicios que no se pueden importar como bares, restaurantes, hoteles y peluquerías. En el caso de los alimentos frescos, basta con comparar la evolución de los precios pagados a los agricultores, con frecuencia a la baja, con los precios finales que paga el consumidor para comprender que algo funciona muy mal en los mercados de frutas, verduras o carnes. Las denuncias públicas y las protestas editoriales contribuyeron a que el Gobierno creara un Observatorio de Precios de los Alimentos para vigilar la evolución de aquellos con subidas más escandalosas. Pero, a pesar de las buenas intenciones y de las advertencias lanzadas en alguna de sus reuniones -en junio de 2002 se alertó, por ejemplo, de inexplicables subidas de los márgenes comerciales de la patata, nada menos que el 282%-, el resultado práctico de la iniciativa ha sido nulo, al menos hasta ahora. Observar los precios no impide que suban.

Hoy, una vez comprobado que algunas hortalizas pueden trepar hasta precios estratosféricos -las judías verdes o los tomates han subido en torno al 50% en los últimos 12 meses-, el Gobierno ha decidido que es el momento de rasgarse las vestiduras y pedir al Servicio de Defensa de la Competencia que inicie un proceso reservado de investigación sobre las causas de tan extraños fenómenos. Algo tiene que ver en la estampida de los precios la sequía de los últimos meses, pero, como no es posible pretextar sequía en otras temporadas húmedas, cuando los precios subían a ritmos tan vertiginosos como el actual, cabe la sospecha razonable de que los canales de distribución de frutas, verduras u hortalizas no funcionan con la transparencia debida y están controlados por unos pocos mayoristas que manipulan la oferta y los precios.

Bienvenida sea la investigación de Defensa de la Competencia; sobre todo si alcanza a desvelar quién y cómo encarece los productos. La iniciativa rompe con la polvorienta concepción que tiene el Gobierno de la libertad y transparencia de los mercados, según la cual basta con que el sector público no intervenga para garantizarlas. Por el contrario, los mercados son libres y transparentes cuando tienen árbitros con poder que actúan para evitar el beneficio de especuladores, intermediarios y monopolistas. Sólo falta que este Gobierno rompa también con su inveterada costumbre de anunciar grandes medidas cuando considera que halagan a la opinión pública y olvidarse pronto de cumplirlas o ejecutarlas cuando los problemas que las suscitaron abandonan las primeras páginas.