Extradición no cursada

Flaco servicio le ha prestado el Gobierno de Aznar al sentido de la justicia universal al decidir ayer no tramitar la demanda de extradición de 39 ex militares y un civil argentinos reclamada por el juez Baltasar Garzón por crímenes de genocidio, tortura y terrorismo en la guerra sucia de la dictadura entre 1976 y 1983. En Buenos Aires, el juez Rodolfo Canicoba, encargado del caso, ya ha anunciado que, tras haberlos detenido a requerimiento de la Audiencia Nacional española, no le quedará más remedio que dejarlos en libertad el martes, cuando expira el plazo previsto por la ley para recibir la demanda de extradición.

El Gobierno se ha escudado en la consideración de que los legisladores argentinos abrogaron el pasado 21 de agosto las leyes de inmunidad -de Punto Final y de Obediencia Debida- de los responsables de los crímenes de la dictadura militar, con lo que, según el acuerdo bilateral de extradición, permite denegar la extradición. Pero tendría que haber sido el Estado argentino el que la denegara, a cambio del compromiso de persecución interna, y no ponerle ante una situación de hecho mediante la negativa del Ejecutivo español. Además, las leyes derogadas ya lo fueron en 1999, sin ningún efecto hacia el pasado, y están pendientes aún de una decisión de la Corte Suprema.

Cursar la demanda de extradición hubiera constituido una garantía añadida de que se haga justicia en Argentina, ya que lo más deseable es que los acusados rindan cuentas ante el Poder Judicial de aquel país. Sin duda la instrucción y acusación de Garzón ha sido un elemento para que Argentina, tras la victoria de Néstor Kichner, reformara sus leyes. Pero si el martes salen en libertad el general Videla o el torturador Astiz, el Gobierno de Aznar debería sentirse en buena parte responsable por su decisión de no tramitar la demanda de Garzón.