El Gobierno chileno anuncia indemnizaciones para los 100.000 torturados bajo la dictadura

Cuando falta menos de un mes para que se cumplan 30 años del cruento golpe de Estado con el que el general Augusto Pinochet sepultó la democracia en Chile, el presidente Ricardo Lagos se ha decidido a afrontar la herencia de las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la dictadura y ha propuesto medidas para incentivar la entrega de información sobre el paradero de los detenidos y desaparecidos por la acción de los militares, acelerar los procesos judiciales y entregar reparaciones económicas para las víctimas, incluyendo a los torturados por el régimen.

Bautizada como "no hay mañana sin ayer", Lagos dio a conocer su propuesta a través de la televisión y la radio en la noche del martes (la madrugada de ayer en España). Su iniciativa fue recibida con un amplio respaldo entre los partidos y también valorada por el Ejército, pero criticada por la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos.

Utilizando un tono conciliador, Lagos se dirigió al país después de haberse reunido durante dos meses con todos los partidos políticos, las iglesias, organizaciones de derechos humanos y el Ejército. La propuesta del Ejecutivo, paradójicamente, fue presentada después que la derecha pinochetista interviniera por primera vez en el terreno de los derechos humanos, con una iniciativa para elevar las reparaciones económicas a los familiares de los detenidos desaparecidos, a cambio de la posibilidad de cerrar los juicios. Esta iniciativa fue rechazada por todos los sectores, pero tuvo la virtud de poner la cuestión en el centro del debate.

Lagos comenzó su discurso advirtiendo de que era consciente de las limitaciones de sus propuestas -"no constituyen una solución definitiva a los quebrantos y al sufrimiento", dijo- y que sin embargo formulaba porque considera su deber entregar a las nuevas generaciones "una nación cuya alma esté unida en paz, cuya conciencia moral haya dado los pasos necesarios en verdad, justicia y reparación". Su intervención procuró ser equilibrada entre estos tres anhelos, y buscó evitar el desencanto de los principales actores en el drama de los derechos humanos, los familiares de las víctimas y los militares.

"El momento más terrible"

Lagos recordó que después del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, al que calificó como "el momento más terrible en nuestra historia patria", y cuyas causas no permiten justificar lo que ocurrió posteriormente, "se violaron los derechos humanos: se asesinó, se torturó, se detuvo, se hizo desaparecer a personas".

Al repasar el escarpado camino de la búsqueda de lo que sucedió con las víctimas, incluyendo la Comisión Verdad y Reconciliación creada en el Gobierno de Patricio Aylwin (1990-1994) y la mesa de diálogo con los militares, durante el Gobierno de Eduardo Frei (1994-2000) y el suyo, sostuvo que los resultados "no han sido todo lo que hubiéremos deseado", pero ha habido "un salto inmenso en la recomposición del alma nacional". Aunque las Fuerzas Armadas "han cooperado con la justicia", muchas personas que tienen información "todavía permanecen sumidas en un silencio cruel y pertinaz".

Para avanzar en esta búsqueda de la verdad y la justicia, según dijo, su propuesta incluye medidas que agilicen los procesos judiciales e incentiven la entrega de información fidedigna, lo que requiere la aprobación de leyes. Lagos propuso diferenciar la responsabilidad penal de los militares y represores que actuaron bajo el temor de represalias, de los que organizaron y planificaron, dieron las órdenes y dirigieron o ejecutaron los crímenes con pleno discernimiento. En la práctica, esta iniciativa apunta a incentivar las confesiones de parte de los que tuvieron un papel secundario en el asesinato de más de 3.000 opositores a la dictadura de Pinochet, sin atenuar la responsabilidad de los mandos superiores.

También propuso el presidente chileno un conjunto de medidas en el terreno de la reparación de las víctimas. Entre ellas, aumentar en un 50% el valor de las pensiones de los parientes de las víctimas, incluyendo a los familiares de los militares caídos en la dictadura.

En el momento más emotivo de su intervención, resolvió establecer, por primera vez desde la recuperación de la democracia en 1990, una indemnización para los torturados en la dictadura de Pinochet, que organismos de derechos humanos elevan a cien mil personas. Ésta será "austera y simbólica, que simbolice el perdón que Chile les pide por lo que en un momento hizo en sus cuerpos". Quienes tuvieron estos padecimientos, dijo Lagos, "merecen, independientemente de las ideas que cada uno profese, el mayor respeto por las terribles experiencias que ellos vivieron". "A todos ellos", añadió, "Chile debe honrarlos en toda su dignidad. Es en nombre de todos los chilenos que les hago llegar mi reconocimiento".

Las medidas incluyen el impulso por parte del Gobierno a la ratificación de los tratados y convenios internacionales, incluyendo una reforma constitucional para ratificar el Estatuto de la Corte Penal Internacional y la la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas adoptada por la Organización de Estados Americanos (OEA). Lagos anunció además reformas al Código de Justicia Militar, lo que implicará restringir su ámbito de acción y competencia, elevadas durante la dictadura.