El Parlamento de Argentina da el primer paso para anular las 'leyes de impunidad'

En una jornada histórica que permitió reconciliar al Congreso argentino con la sociedad que hasta hace cinco meses reclamaba "que se vayan todos [los parlamentarios]", la Cámara de los Diputados dio el primer paso para declarar "insanablemente nulas" las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, dictadas en 1986 y 1987 bajo presión de las Fuerzas Armadas. Las llamadas leyes de impunidad impidieron procesar a por lo menos 2.000 militares y miembros de la dictadura militar acusados por delitos de secuestros, torturas, homicidios, robos y la desaparición de miles de ciudadanos entre 1976 y 1983.

Los jefes de grupos parlamentarios del Senado se comprometieron a debatir la próxima semana el proyecto aprobado por los diputados, que concedieron además rango constitucional a la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad, a la que Argentina se adhirió en 1970, convirtió en ley en 1995 y ratificó el pasado lunes, por decreto, el presidente Néstor Kirchner.

La sesión especial del pasado martes se convocó a petición de la única diputada de Izquierda Unida, Patricia Walsh, hija del mítico periodista de investigación Rodolfo Walsh, militante montonero desaparecido en 1977, poco después de que hiciera conocer desde la clandestinidad su célebre "Carta a la Junta Militar" en la que denunciaba los crímenes cometidos. El debate sobre la nulidad de las leyes había fracasado ya en ocasiones anteriores porque la oposición no lograba reunir el mínimo de diputados necesarios.

El lunes por la noche, el presidente Kirchner había tomado nuevamente la iniciativa y empujó con un decreto a los diputados peronistas que intentaban demorar una semana más la sesión para discutir antes un proyecto propio. El jefe del Estado ratificó la adhesión a la Convención de Naciones Unidas y puso en marcha el procedimiento reglamentario para convertirla en una ley vigente. Además, reclamó al Congreso que la incorporara a la Constitución. En un plazo de 90 días, esa ley obligaba al Parlamento a invalidar toda legislación que impida juzgar a los acusados. El deseo del Ejecutivo se hizo público y el ministro de Justicia, Gustavo Béliz, fue terminante: "La señal del presidente para que no haya obstáculos a la justicia que permitan la impunidad es inequívoca, ahora le toca a los otros poderes del Estado".

Las organizaciones defensoras de los derechos humanos convocaron a miles de militantes para asistir al debate desde la calle. Cuando la sesión se demoraba porque aún no bajaban al recinto algunos diputados, los hijos de los desaparecidos cantaron: "Si no bajan, los vamos a buscar". A las cuatro y veinte de la tarde, Nora Cortiñas, de Madres de la Plaza de Mayo, anunció a la multitud: "Hay quórum, hay quórum". Poco después, ya en la madrugada de ayer en España, se celebró el voto de 176 diputados, tres más de los dos tercios necesarios, a favor de otorgar rango constitucional a la Convención ratificada por el Ejecutivo. La multitud cantaba: "Como a los nazis / les va a pasar, / adonde vayan / los iremos a buscar".

La serie de discursos en los que se revisó la historia de la transición democrática, y de alto contenido emocional en algunos casos, se sucedieron hasta las once de la noche. Los diputados insultaron y abuchearon al parlamentario de Fuerza Republicana por la provincia de Tucumán Ricardo Bussi, hijo del general Antonio Bussi, uno de los represores acusados de fusilar a los prisioneros, arrodillados y encadenados, con disparos por la espalda.