Todos los caminos conducen hasta los jueces del Supremo
La reiteración de la petición del magistrado español Baltasar Garzón al juez argentino Rodolfo Canicoba Corral para la detención preventiva, previa a la reclamación de extradición de 45 militares argentinos y un civil imputados por delitos de torturas y genocidio para juzgarlos en Madrid, provocó un efecto dominó en las decisiones del Ejecutivo argentino. El presidente Néstor Kirchner se sintió obligado a tomar medidas para las que necesitaba todavía un tiempo político de preparación y no ocultó su malhumor. Pero no retrocedió en su decisión de devolver al país "la justicia y la memoria".
Primero derogó el decreto vigente desde diciembre de 2001 que ordenaba rechazar las extradiciones, del tal modo que los jueces están ahora obligados a revisar cada caso. La intervención de la justicia alertó a los militares. El riesgo de ser extraditados provocó inclusive que algunos de sus portavoces invocaran la "soberanía nacional" para que les juzgaran en el país.
La estrategia de pinzas del Ejecutivo apretó en dos frentes. Por un lado, exigió la remoción de los miembros más significativos de la llamada "mayoría automática" que el Gobierno de Carlos Menem instaló en la Corte Suprema y, por otro, apoyó en el Congreso los proyectos para anular las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que amparan todavía a los acusados.
El presidente del Supremo, Julio Nazareno, renunció ante la evidencia de que sería destituido. Kirchner propuso entonces al ex juez Eugenio Zaffaroni como sustituto.
Reabrir los procesos
La Comisión de Juicio Político de la Cámara de los Diputados elevará ahora al Senado, la Cámara de Sentencia, la acusación contra otro miembro del tribunal, Eduardo Moliné O'Connor. La semana próxima, cuando el Senado confirme la anulación de las leyes de impunidad, los jueces deberán decidir en cada caso si reabren los procesos interrumpidos a finales de los años ochenta.
Los abogados expertos en la interpretación de la Constitución coinciden en observar que la nulidad de las leyes aprobadas por el Congreso es sólo una declaración política, sin alcance jurídico. El Supremo tiene que resolver aún dos recursos en los que debe pronunciarse sobre la constitucionalidad de las leyes, y su decisión será el fallo definitivo porque sentará jurisprudencia para todos los casos. El miembro del tribunal que oficia como presidente interino, Carlos Fayt, anticipó que los magistrados tomarán tiempo para decidir "sin tener en cuanta las presiones".
Mientras la mayoría de los diputados votaba a mano alzada la anulación de las leyes, afuera, las Madres de la Plaza de Mayo, ya muy viejas, lloraban, los militantes de la organización Hijos de los Desaparecidos reían, bailaban y cantaban en la plaza del Congreso: "Se va a acabar, se va acabar, esa maldita impunidad". Cientos de personas se abrazaban entre sí.
