Deseos y realidades

El Gobierno ha hecho público el cuadro macroeconómico en el que se basará la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado de 2004. De entrada, el Ejecutivo ha admitido que la economía española no crecerá este año el 3% previsto en los Presupuestos en vigor, sino un 2,3%. Ello no debería ser óbice para que, dependiendo del entorno internacional, la economía española, según el Gobierno, crezca a una tasa media del 3% en el próximo año, amparada en una expansión de la demanda interna del 3,3% y en un crecimiento del conjunto de la inversión del 3,8%. Siempre en la hipótesis implícita de recuperación de las principales economías y, en particular, la todavía incierta de la economía alemana.

Los Presupuestos del próximo año corresponden al último ejercicio de la legislatura actual, el que despide la era Aznar. Un periodo singular para la economía española, coincidente con la integración de España en la fase final de la UEM, determinante de esas condiciones financieras históricamente favorables sobre las que en gran medida ha descansado el crecimiento de estos años y, como clara consecuencia, el saneamiento de las finanzas públicas que el Gobierno exhibe como principal resultado de sus decisiones en estos años.

Con independencia del rigor contable aplicado en el registro de los gastos públicos, es un hecho que la concepción de la política económica de los gobiernos del PP ha descansado en transmitir ese empeño en reducir el tamaño del presupuesto y anular el déficit público. En esa senda casi solitaria en Europa hacia el déficit cero se ha sacrificado la atención de necesidades básicas, no sólo para la continuidad del crecimiento de la economía, sino para mejorar la calidad del mismo. Crecemos amparados en el consumo de las familias y en el excepcional comportamiento de la construcción, excesivamente dependiente de las elevaciones de precios de los activos inmobiliarios y de esos tipos de interés históricamente bajos. La inversión, tanto pública como privada, tiene un pobre comportamiento y la que necesitamos para abandonar definitivamente las posiciones de cola en la inserción en la sociedad del conocimiento brilla por su ausencia.

Por eso no es fácil entender la inhibición del Gobierno a invertir en investigación y desarrollo, en tecnologías de la información o en educación. Conseguir equilibrar las cuentas públicas a costa de sacrificar conocimiento y posibilidades de crecimiento futuras cuando los tipos de interés están en el nivel más bajo de la historia, no revela una buena administración. Ocasión tiene el Gobierno de cambiar sus prioridades económicas, anteponiendo la reducción de la brecha en renta por habitante al mantenimiento de apariencias fiscales propias de países con todas las necesidades resueltas.