Se acabó la impunidad

Con su decisión de derogar el decreto de su antecesor, Fernando de la Rúa, que impedía la extradición de los represores de la dictadura militar (1976-1983), el presidente de Argentina, Néstor Kirchner, ha lanzado un mensaje de hondo calado político y social a los ciudadanos de su país: se acabó la impunidad por aquellos crímenes. Ése es el sentido profundo de una medida que ya había insinuado desde los primeros instantes de su mandato, más allá de los resultados que pueda arrojar en la práctica, dados los problemas jurídicos y las fuertes resistencias políticas que sin duda encontrará en su camino.

El presidente argentino, que se caracteriza a sí mismo como un socialdemócrata, trata de ganar la confianza de sus conciudadanos con decisiones ejecutivas en ámbitos éticamente sensibles. Para ello considera necesario resolver con la máxima urgencia los problemas pendientes de la transición democrática, en especial el esclarecimiento de las responsabilidades por los crímenes de la dictadura militar. Cortar de raíz cualquier sospecha de complicidad con esa situación de impunidad era un paso obligado en la política de devolver la esperanza a una ciudadanía descreída y cuyo distanciamiento con las instituciones se hizo especialmente dramático bajo los mandatos de Menem.

Pero se trata sólo de un primer paso, sujeto además a diversos imponderables, en el difícil camino de llevar ante los tribunales de justicia a los responsables todavía vivos de crímenes horrendos contra las personas cometidos desde las máximas instancias del poder, entre ellos la desaparición de unos 30.000 ciudadanos.

En lo inmediato, el desbloqueo de las extradiciones acordado por Kirchner ha dado cobertura a la decision de la justicia argentina de proceder a la detención preventiva, a requerimiento del juez español Baltasar Garzón, de 45 militares y un civil implicados en la represión de la dictadura, entre ellos los integrantes de la Junta Militar Jorge Videla y Emilio Massera, con vistas a su posible extradición a España. La iniciativa del juez Garzón, enmarcada en el ejercicio de una jurisdicción universal que intenta no dejar impunes los delitos de lesa humanidad -genocidio, torturas, terrorismo de Estado-, y la de la justicia argentina, que ha decidido colaborar dentro de las posibilidades legales actualmente existentes en Argentina, convergen en un mismo objetivo: castigar aquellos crímenes y dar satifacción a las víctimas.

Sería deseable que la justicia y la sociedad argentinas saldaran en su propio ámbito las cuentas pendientes con ese pasado trágico. Para ello es necesario que el presidente Kirchner dé un nuevo paso para derogar las leyes de Punto Final y Obediencia Debida. Pero sea a través del sumario que instruye Garzón, de los que pueda abrir la justicia argentina o con el concurso de ambos, lo importante es que los represores comiencen a otear en el horizonte la posibilidad cierta de que tendrán que responder de sus crímenes. Kirchner ha entendido que sólo así los políticos argentinos tendrán una última oportunidad de recuperar el crédito perdido.