Un juez de Argentina ordena detener a 46 ex militares a petición de Garzón

El juez federal argentino Rodolfo Canicoba Corral ordenó ayer, a pedido de su colega español Baltasar Garzón, el "arresto preventivo" de 45 ex oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas argentinas y un civil, entre ellos los altos mandos de la dictadura militar que sufrió el país entre 1976 y 1983, a los que se acusa de delitos de genocidio. Garzón dispone ahora de 30 días para enviar los antecedentes que justifiquen el comienzo del juicio de extradición. El presidente, Néstor Kirchner, va a derogar el decreto que ha impedido hasta ahora la extradición de los represores.

El decreto, firmado en 2001 por el ex presidente De la Rúa, no impide ahora al juez ordenar estos arrestos, pero obliga al rechazo sin más trámites de los reclamos de tribunales extranjeros. Además de su derogación, el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto que busca modificar la Ley de Cooperación Internacional en Materia Penal para que los militares que no estén detenidos ya por otras causas puedan permanecer en libertad mientras los jueces analizan "caso por caso" los pedidos de extradición.

Un portavoz del Gobierno argentino confirmó ayer a EL PAÍS que "la decisión está tomada, no habrá traslado masivo de militares argentinos a Madrid porque la situación actual de cada uno es distinta y los jueces podrán resolver, si corresponde, que el proceso continúe en Buenos Aires". Garzón reitera el pedido realizado en diciembre de 1999 y demorado en el Ministerio de Exteriores argentino hasta que finalmente De la Rúa firmó en 2001 el decreto que ordena el rechazo automático.

El auto de detención incluye a los máximos responsables del terrorismo de Estado durante la dictadura militar, entre otros el ex general Jorge Videla, el ex almirante Emilio Massera, el comandante del primer cuerpo del Ejército, Carlos Guillermo Suárez Mason y el general de brigada Lami Dozo. Algunos de ellos, mayores de 70 años, se encuentran en prisión domiciliaria preventiva mientras avanzan los procesos por robo de niños nacidos en cautiverio, la única causa que no prescribe ni fue amparada por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Otros, como el ex capitán de navío Alfredo Astíz, el ex general Antonio Bussi, que acaba de ser elegido como alcalde de la capital en la provincia de Tucumán, y el ex general Luciano Benjamín Menéndez, todavía estaban en libertad y deberán permanecer detenidos en unidades militares hasta que el juez Canicoba Corral resuelva. La defensa insiste en que los acusados, en algunos casos, ya fueron juzgados, condenados e indultados, y a los demás les amparan las leyes. La Corte Suprema debe resolver sobre la legalidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final que en 1987 libraron de proceso a más de 1.100 oficiales y suboficiales, y que fueron declaradas "inconstitucionales" por el juez Gabriel Cavallo en marzo de 2001.

Malestar militar

El malestar militar salió al fin a la luz pública con anuncios y declaraciones que fueron castigados por los nuevos comandantes del Ejército de Tierra y la Armada. El jefe de la Marina argentina, vicealmirante Jorge Godoy, reunió el pasado lunes a 47 almirantes ya retirados de la fuerza para recordarles que "todas las inquietudes deben ser canalizadas institucionalmente". La pasada semana Godoy había castigado por "falta grave" a 12 almirantes y vicealmirantes retirados con seis días de arresto por publicar un anuncio en el periódico La Nación en el que criticaban la política militar y de defensa de los derechos humanos del presidente Néstor Kirchner.

A su vez, el nuevo comandante en jefe del Ejército de Tierra, Roberto Bendini, impuso un "apercibimiento verbal" a su antecesor en el cargo, el general Roberto Brinzoni, quien dijo sentirse afectado por "el retiro de muchos generales muy valiosos cuando no había necesidad de un descabezamiento tan grande". Al juego de presiones sobre las decisiones de Kirchner se han sumado también algunos portavoces de la Iglesia. El arzobispo de La Plata, monseñor Héctor Aguer, se pronunció contra la decisión de someter nuevamente a proceso a los acusados de graves violaciones a los derechos humanos, y añadió: "Los reclamos de justicia que se oyen en nuestra sociedad suenan más bien a clamores de venganza".