La Fiscalía de la Audiencia se opondrá a la entrega de los argentinos que reclama Garzón

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, ha reiterado hoy su oposición a la extradición de los 44 militares hasta ahora detenidos en Argentina por orden del juez Baltasar Garzón al insistir en que España carece de competencia para juzgar a los presuntos responsables de la represión durante la dictadura argentina (1976-1983). Fungairiño ha reiterado que la postura de su Fiscalía se basa en el principio de territorialidad, esto es, que los delitos cometidos e Argentina se juzguen allí.

En declaraciones a los periodistas, Fungairiño ha recordado que ésta ha sido siempre la postura de la Fiscalía durante todo el proceso relacionado con los desaparecidos durante las dictaduras argentina y chilena y ya se mostró disconforme con las extradiciones del ex general chileno Augusto Pinochet, quien finalmente no pudo ser entregado por motivos de salud, y con las de los ex militares argentinos Adolfo Scilingo y Ricardo Miguel Cavallo, ambos presos en España.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional deberá pronunciarse sobre la extradición de los militares detenidos en Argentina una vez que Garzón dé el siguiente paso, cuando reciba la comunicación oficial de estas detenciones.

Para Fungairiño, el decreto que Kirchner derogó la semana pasada que impedía la extradición de militares "no añade nada nuevo" para la Fiscalía, porque el tratado de extradición entre España y Argentina ya prevé la entrega de argentinos. Pero ha recordado que "otra cosa es que la entrega de nacionales pueda hacerse por delitos cometidos en ese mismo país". A su juicio, basándose en el principio de territorialidad, "España no entregaría a sus nacionales a Argentina por delitos cometidos en España" y por lo tanto "Argentina tampoco debería entregar a sus nacionales por delitos cometidos en ese país".

Para Fungairiño, el principio de territorialidad prevalece sobre el de persecución universal de los delitos de lesa humanidad y por ello entiende que "España no tiene competencia para juzgar a esos militares por mucho que el Gobierno argentino derogue el decreto de extradición", ante el cual España "no adquiere mayor jurisdicción sobre esos crímenes". El fiscal ha recordado que el Tribunal Supremo así lo ha establecido en las causas sobre presunto genocidio en Guatemala y Perú al afirmar que la represión política no era genocidio, además de limitar las investigaciones a los crímenes cometidos contra españoles.

Fin de la ley de Punto Final

Respecto a la posible anulación por parte del Gobierno argentino de las Leyes de Obediencia Debida y Punto Final, que han impedido juzgar en ese país a los presuntos responsables de la represión durante la dictadura, Fungairiño opina que, en ese caso, ofrecerá a las autoridades argentinas la posibilidad de solicitar a España la extradición de Scilingo y Cavallo.