El Gobierno colombiano y un sector de los grupos paramilitares negocian la paz

Los paramilitares de Colombia acordaron ayer con el Gobierno de Álvaro Uribe su desarme y reintegración en la vida civil. Será un proceso de desmovilización gradual que empezará en diciembre de este año. En diciembre de 2005, gran parte de los 13.000 hombres de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que han aterrorizado al país con masacres y asesinatos selectivos, debe estar desmovilizada. Cinco bloques, de esta especie de federación de ejércitos ilegales, están fuera del proceso; dos de ellos lo rechazan de plano.

El anuncio lo hizo el alto comisionado de paz, Luis Carlos Restrepo, después de una reunión de dos días con comandantes de esta organización que nació con la idea de acabar con la guerrilla.Desde diciembre del año pasado se inició una etapa exploratoria que finalizó con el Acuerdo de Santa Fe de Ralito, firmado por nueve comandantes paras. Son l0 puntos en los que se comprometen a un cese total de hostilidades, promesa cumplida a medias en los últimos meses.

El pacto incluye abandonar todo tipo de delitos, incluido el robo de gasolina de los oleoductos, que hoy le cuesta al país unos cuatro millones de euros mensuales. También se comprometen a luchar contra el narcotráfico, actividad con la que obtienen gran parte de sus recursos. "Esto contribuirá al fin de la pesadilla de la violencia", declaró Uribe en Arauca, donde ha trasladado tres días su Gobierno. El presidente de Colombia ha sido señalado numerosas veces como vinculado hace años a los paramilitares.

A las seis de la mañana, tras caminar durante más de una hora por la denominada Brigada XVIII, donde el presidente Álvaro Uribe tiene instalada desde el martes la sede de su Gobierno, el mandatario aclaró a los periodistas que no habrá áreas desmilitarizadas para la concentración de los hombres que dejarán las armas. "La zona de concentración es necesaria por seguridad... y para tener veeduría [apoyo] internacional", dijo el presidente. El área que se defina para este fin tendrá "presencia plena" de las instituciones democráticas.

Y habló del asunto, considerado por muchos el mayor escollo del camino que ahora se pone en marcha: la petición estadounidense de extradición de dos de los principales jefes paramilitares, Carlos Castaño y Salvatore Mancuso. "Habrá que examinarlo durante el proceso y con las autoridades de Estados Unidos. Ellos están en su derecho de exigirlo", dijo Uribe. Hace unos días, Castaño escribió en su página web en Internet: "Hagamos caso omiso al asunto de la extradición, ignorémosla, negociemos con altruismo ofreciendo más al Estado y menos para nosotros".

EE UU -que apoya el proceso de desarme de los paramilitares: ya anunció dos o tres millones de dólares para los programas de reinserción, unos 8.000 dólares por hombre- ha dejado muy claro que no descansará hasta tener bajo la jurisdicción de su justicia a los jefes de estas organizaciones. "Son criminales", ha repetido Anne Paterson, embajadora saliente de Estados Unidos.

El escepticismo parece realista, pues son aún muchas las preguntas sin respuestas: ¿cómo se financiarán estos hombres acostumbrados a matar hasta que llegue el momento de la desmovilización total? ¿Cómo se garantizará que no escapen al castigo del sinnúmero de crímenes atroces que han cometido? ¿Devolverán las tierras que han robado a los campesinos, como lo exigieron los obispos?

"Me gusta el proceso. Si se van retirando los actores del conflicto, tanto mejor", aseguró ayer Carlos Gaviria, senador de izquierda y crítico del Gobierno de conservador de Álvaro Uribe. "La etapa difícil empieza ahora; estaremos atentos a los términos de esta negociación. No puede haber impunidad", añadió.

Pocas esperanzas

La noticia, aquí, en este departamento (provincia) azotado por la violencia -la guerrilla voló ayer dos torres y dejó sin energía a la zona-, y donde los grupos paramilitares han ganado peso militar en los últimos tres años, no es muy esperanzadora. Aquí opera el llamado bloque Casanare y el grupo Vencedores de Arauca. El primero es uno de los tres bloques que han tenido contactos con el Gobierno en mesas paralelas. El segundo nadie sabe a quien obedece. "Espero que se sumen a la iniciativa", dijo a este periódico Fernando Triviño, alcalde de Fortul, un pequeño municipio disputado por todos los alzados en armas por su ubicación estratégica. La presión paramilitar es muy fuerte en Arauca. Cobran vacunas (impuestos) a ganaderos y comerciantes, que en muchos casos son superiores a los que exigen los guerrilleros. Los primeros piden 20 o 30 reses de impuesto. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se conforman con tres o cinco.

Los paras son responsables de la mayoría de los secuestros de Arauca, que a menudo terminan en desapariciones. Este año suman ya 47. Como sucede en el resto del país, los paras han modificado su táctica de crímenes colectivos por otra menos ruidosa de crímenes selectivos, pero siguen obligando a miles de campesinos a abandonar sus tierras -por presión o por los combates con la guerrilla-. Hace poco, una partida de paramilitares llegó a una comunidad indígena y dijeron: "Ahora somos la autoridad; ustedes deben obedecer". Unas 1.500 personas huyeron despavoridas y se refugiaron en Tame y Fortul, poblaciones vecinas. Sólo en este departamento hay más de 6.000 desplazados.