La Comisión Europea anuncia que antes de fin de año aprobará nuevos transgénicos
La comisaria europea de Medio Ambiente, Margot Wallstrom, dijo ayer que la UE volverá a emitir licencias para la comercialización de alimentos transgénicos "antes de fin de año", una vez aprobados ayer los reglamentos sobre autorización y etiquetado de estos productos que desbloquean la moratoria de facto que pesaba sobre ellos, como avanzó ayer EL PAÍS. "La fecha primera podría ser el próximo otoño" dijo la comisaria, y después precisó: "Antes de fin de año".
La Comisión Europea mantiene en espera 20 demandas de autorización de transgénicos, según informó Wallstrom, quien abogó por cursarlas rápidamente. "Si no progresamos pondremos en cuestión nuestra credibilidad internacional". La comisaria insistió en que la demanda de EE UU contra la moratoria europea a estos productos se ha planteado en un momento "inadecuado", dado que la UE va a levantar el embargo.
El comisario de Sanidad y Protección al Consumidor, David Byrne, subrayó que el reglamento aprobado en Europa es el "sistema de autorización previa de transgénicos más riguroso del mundo" y que las normas de etiquetado y trazabilidad garantizan al consumidor la libertad de elegir "informado". "Éste es un ejemplo de cómo funciona la democracia europea", dijo.
La autorización de importar y comercializar nuevos organismos genéticamente modificados se realizará mediante un proceso único en tres fases. En primer lugar, la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria deberá publicar un dictamen científico sobre el producto en cuestión. Sobre la base de este dictamen, la Comisión Europea elevará una propuesta de decisión a los Estados miembros. Finalmente, estos decidirán por mayoría cualificada si abren o no la puerta del mercado común al nuevo producto. Las licencias tendrán una validez de 10 años, renovables. La comisaria europea de Medio Ambiente, Margot Wallstrom, firme defensora de los transgénicos, reveló que la Comisión tiene congeladas unas 20 demandas de autorización. El embargo ha sido impulsado por Francia, Italia, Bélgica y Austria, y respaldado por las organizaciones ecologistas. Dentro de la UE, lo han censurado Reino Unido, España o la Comisión Europea.
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