Cavallo, ante el juez

La justicia universal se ha apuntado un tanto histórico al lograr extraditar desde México a España al presunto torturador argentino Ricardo Miguel Cavallo, alias Serpico, para responder ante la Audiencia Nacional de sus actuaciones como jefe del ignominioso Grupo de Tareas de la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (ESMA), en Buenos Aires, durante la dictadura militar argentina de 1976-1983. La lucha por una jurisdicción universal sobre delitos de lesa humanidad -terrorismo, genocidio y torturas-, iniciada con el caso Pinochet, ha culminado por primera vez con la entrega por un país a otro de alguien acusado de cometer ese tipo de delitos en un país tercero, estableciendo un precedente que no podrá ser ignorado en las relaciones entre Estados.

Desde ayer Cavallo se encuentra a disposición del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón. El presunto torturador, oculto durante años en México, figura entre los 200 militares argentinos imputados por genocidio, terrorismo y tortura como responsables de centenares de secuestros, desapariciones y torturas entre 1976 y 1979. Y, aunque la extradición se ha concedido sólo por terrorismo y genocidio, y no por torturas, al considerarse que ese delito ha prescrito en México, la llegada de Cavallo a Madrid, fuertemente custodiado en un avión de la Fuerza Aréa Española, habrá resonado como un aldabonazo en cuarteles y residencias de militares jubilados de toda América Latina.

El ideal de una justicia universal que impida la impunidad de los crímenes contra la humanidad avanza lentamente, pero sin detenerse. Por eso resulta alarmante el empeño de la Fiscalía de la Audiencia Nacional -puesto ayer de manifiesto una vez más con la solicitud del fiscal Pedro Rubira a favor de la puesta en libertad sin cargos de Cavallo- de negar a la justicia española competencia para juzgar ese tipo de delitos, en contra de la tesis mantenida por la Sala de lo Penal de ese tribunal e incluso por la Cámara de los Lores británica en el caso Pinochet. Y se hace todavía más endeble la postura de la Administración de Bush contraria a todas las formas de justicia internacional, se trate del Tribunal Penal Internacional o de la ley de "jurisdicción universal" existente en Bélgica