La esperanza renace entre las víctimas

Si el juez Baltasar Garzón cita a Ana Testa para participar en un careo con el antiguo oficial de la Marina argentina Ricardo Miguel Cavallo, la mujer no lo pensará dos veces. Acudirá a la llamada y se sentará frente a su torturador, aunque luego tenga que ir al psicólogo, como hizo durante muchos años después de su detención durante la última dictadura. Tiene demasiadas cosas que preguntar Ana para rehuir el encuentro entre la víctima y el victimario. "La primera pregunta sería qué fue de todos mis compañeros que desaparecieron y, por supuesto, qué pasó con mi marido. Le pediría que dijese dónde están, qué pasó con ellos, porque tienen que estar en su memoria, como lo están en las nuestras. Los militares nunca reconocieron que existió una muerte".

"Iría a un careo con Cavallo aunque después necesitase un psicólogo"

La esperanza renace entre quienes cayeron en manos del verdugo que acaba de ser extraditado desde México a España. Finalmente, será juzgado lejos de su país 20 años después del fin de la dictadura militar. "Nosotros tenemos la paciencia como un hábito", dice la arquitecta Ana Testa, en nombre de las víctimas que sobrevivieron al centro de detención y exterminio conocido como Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Ana nunca olvidará la cara, voz y gestos refinados de aquel oficial apodado Serpico. La última vez que lo vio, en diciembre de 1980, la interpeló porque no había colaborado en delatar a su marido (militante de la organización armada Montoneros). Y en tono burlón le dijo: "Si lo hubieras cantado, el Ejército no lo habría detenido". "¿Cómo?¿Cayó en manos del Ejército?, pregunté. Sí, está detenido por el Ejército. Comprendí que Cavallo era un tipo que manejaba mucha información de los distintos campos de concentración, y no sólo de la Marina".

Ana Testa ha cumplido 48 años, no se ha vuelto a casar y no tiene pareja. No sería un trago fácil para ella encarar al antiguo torturador. Tras la detención en México junto a varios compañeros que estuvieron detenidos en la ESMA para declarar ante las autoridades de aquel país.

Recuerda que llegó a entrar en le centro penitenciario donde estaba preso el militar:"Cuando vi la silueta de aquel edificio sentí una situación de ahogo al saber que estaba allí dentro, tan cerca, que me tuve que controlar. Me destruí llorando".

Ana Testa preferiría que Cavallo fuera juzgado en Argentina, lo que no es posible por la vigencia de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final aprobadas a finales de los 90 por presión de lo militares. "La decisión de México", precisa, "nos abre otro camino, porque rompe el principio de que ellos tienen impunidad en cualquier lugar del mundo. A partir de ahora se acabó la impunidad".

"Llega la hora de la verdad, la que hemos estado esperando tanto tiempo. A ver si tienen la valentía de decir lo que hicieron", desafía Cristina Muro, 50 años, psicóloga social, que pasó la mitad de su vida buscando a su marido, desaparecido. No lo dudará ni un instante si es llamada a declarar a Madrid. "Necesito redondear la verdad. He indagado hasta encontrar gente que estuvo detenida en la ESMA, que me confirmó que mi marido estaba allí y que murió a los tres o cuatro días a consecuencia de las terribles torturas. Me confirmaron que Cavallo estaba allí y que era jefe de inteligencia de la Marina. Tardé más de 19 años en saber algo, buscando en la calle, los hospicios, en cualquier lado. Hasta que supe que había muerto. Quiero saber qué hicieron con los restos, por que lo detuvieron y quién ordenó la detención".

Cristina tiene grabado en el cuerpo el día del operativo militar en su casa. El jefe, un joven de tez blanca, la agarró de los brazos mientras un montón de tipos armados revolvían todo. Le dijo que tenían detenido a su marido, a quien nunca volvería a ver. Aquel tipo era Ricardo Miguel Cavallo. Uno de los esbirros sostenía al bebé de seis días en pañales, boca abajo y con una pistola en la boca, amenazando a la madre par que no gritara. Aquel bebé es hoy Miguel, un mozarrón de 26 años. "Supongo que volver a ver a Cavallo sería muy duro porque el día que lo detuvieron en México fue como vivir de nuevo aquel día de locura y desesperación", intuye Cristina Muro.

Mario Villani, otra de las victimas de Cavallo, saltaba de alegría el día que se confirmó que México extraditaría al antiguo oficial. "Lo primero que hice fue llamar por teléfono a Madrida Carlos Slepoy (abogado de la acusación popular). Eran las dos de la mañana en España. Aguántate le dije, con alguien tengo que celebrarlo. Este físico a punto de jubilarse -tiene 64 años-, también irá a un careo si Garzón le llama. "Verlo cara a cara no sería más duro de lo que pasé cuando estuve detenido en la ESMA. Allá yo era un condenado a muerte y él era el dueño de mi vida. Hoy, enfrentarlo cara a cara es al menos una manera de hacer justicia".

La esperanza de Mario Villani es que Cavallo sea juzgado y "condendo a cadena perpetua, porque formó parte de un mecanismo de terrorismo de Estado, que torturó, robó chicos y asesinó. Fue uno de los ejecutores de esta política. Era un oficial que tomaba decisiones".

En los círculos de la acusación popular en España hay "una expectación enorme", según comenta el abogado Carlos Slepoy, por la enorme trascendencia que tiene la extradición del oficial argentino.

Una vez el juez notifique al acusado el auto de procesamiento y los delitos que se le imputan, le tomará declaración, tras lo cual podría dar por concluido el sumario o decretar nuevas pruebas dentro de la instrucción. Será la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional la que juzgará a Cavallo y dictara sentencia. Según los abogados de la acusación, la vista oral puede comenzar a principios del año próximo y prolongarse de dos a cuatro meses.

Los abogados de la acusación han pedido al juez Garzón que reenvíe a Argentina la petición de extradición de los primeros 48 militares argentinos procesados que se tramitó en el año 2000. Sobre todo, después de las declaraciones del Gobierno argentino de que dejará actuar a la Justicia y admitirá eventuales solicitudes de extradición, que fueron sistemáticamente rechazadas por los gobiernos de Carlos Menem y Fernando de la Rúa, que invocaban el principio de territorialidad. La acusación popular pide asimismo que Garzón determine la responsabilidad civil de todos los procesados en 1.000 millones de dolares, a través del embargo de cuentas y bienes de los encausados.

La universalidad de la Justicia y de los derechos humanos ha recibido un espaldarazo con el paso dado por México, que va más allá del camino que iniciaron las autoridades británicas con la detención en Londres del ex dictador chileno Augusto Pinochet, quien finalmente fue devuelto a su país alegando razones de salud.