El Gobierno vasco deja al pleno de la Cámara la decisión de disolver Batasuna

Los partidos que integran el Gobierno vasco, PNV, EA e IU, elevarán al pleno de la Cámara vasca una propuesta de reforma del Reglamento para poder aplicar la orden del Tribunal Supremo y disolver el grupo Sozialista Abertzaleak (antes Batasuna).

El Ejecutivo defenderá que la votación sea secreta. Los tres grupos del Gobierno suman 36 de los 75 diputados del Parlamento vasco. Para alcanzar la mayoría absoluta en cualquier votación, el Ejecutivo vasco necesita el voto de los siete diputados de Sozialista Abertzaleak, uno de los cuales, Josu Ternera, se encuentra huido.

La Sala Especial del Tribunal Supremo hizo pública ayer la resolución en la que ordena al Parlamento vasco disolver "sin demora" el grupo parlamentario de Sozialista Abertzaleak, al apreciar su "innegable vinculación" con el ilegalizado partido político de Batasuna.

El Supremo rechaza que su acuerdo sea una "afrenta" y requiere disolver "sin demora"

Madrazo planteará un conflicto de jurisdicción en el que pedirá suspender la resolución judicial

Los diputados de la formación independentista podrán votar sobre la medida del alto tribunal

El Supremo recuerda a la Cámara de Vitoria que en un Estado de derecho todos los poderes están subordinados a la ley y no existen "poderes autónomos o autoinmunes al Derecho", y agrega que el artículo 118 de la Constitución dispone que es "obligado" cumplir las sentencias y demás resoluciones firmes de jueces y tribunales.

La resolución denota el enfado que ha causado en la Sala Especial del Supremo el oficio de la presidencia del Parlamento vasco por lo que ésta denominó "afrenta a la dignidad democrática e institucional de la Cámara". El Supremo considera "no admisible" que un pronunciamiento jurisdiccional "quede sin contenido por una pura apreciación política ajena a previsiones legales". Y agrega que no atisba razón alguna por la cual la disolución de un grupo parlamentario que mantiene "un factor de cohesión y relación con una organización terrorista" pueda comportar "afrenta de ninguna clase a la dignidad democrática e institucional de la Cámara" de Vitoria.

En otro apartado, el Supremo insiste en que "no puede compartir que la indiscutible autonomía de la Cámara vasca pueda suponer un valladar de clase alguna al ordenamiento jurídico, es decir, al Estado de Derecho, como parece sugerir el oficio del Presidente del Parlamento vasco".

El auto de la Sala Especial entiende que los partidos políticos tienen con los grupos parlamentarios "una intensa vinculación, a través de la cual los segundos normalmente materializan las directrices de los primeros". Además, entre los recursos de los partidos están las subvenciones a sus grupos parlamentarios.

Por tanto, al quedar la actividad política del grupo parlamentario vinculada al partido político, la conclusión que se impone es que "la declaración de ilegalidad del partido, su consiguiente disolución y el acuerdo de cese de sus actividades conlleva también la disolución del grupo parlamentario y el cese de sus actividades como tal; sin perjuicio del mantenimiento de la condición de parlamentarios de sus miembros".

Críticas al Supremo

Los pronunciamientos de los representantes del Gobierno vasco sobre la orden del Supremo fueron muy críticos. Javier Madrazo, de IU, consideró ayer que la resolución judicial "invade las competencias y la soberanía del legislativo". "El Supremo ha vuelto a actuar como correa de transmisión al servicio del PP. Es impresentable las prisas del tribunal por servirle al PP esta resolución judicial a 48 horas del fin de la campaña electoral y a seis horas de un mitin de Aznar en Vitoria", declaró Madrazo. El portavoz de IU-EB anunció que su grupo promoverá un conflicto de jurisdicción contra esta decisión del Supremo en el que pedirá que la disolución quede en suspenso.