Armas contra los piratas electrónicos

- LOS MANDATOS DE LA UE. La Unión Europea se va dotando de instrumentos legales para reforzar los derechos de autor frente a la piratería y trata de aglutinar las diferentes legislaciones de los Estados miembros en una común para evitar que los delincuentes se aprovechen de las lagunas legales. La directiva sobre derechos de autor en la sociedad de la información, aprobada por los Quince en 2001, supuso un paso decisivo en este sentido y ahora se está completando.

La directiva pretende asegurar una protección suficiente para los autores de libros, películas y obras musicales que se ofrecen a través de sistemas electrónicos de difusión. Uno de los puntos más complejos de la negociación de la normativa fue el relativo a los dispositivos "anticopia", destinados a dificultar la piratería en masa. Se encontró una solución de la que quedaron excluidas las copias privadas, pero la medida se muestra por sí sola insuficiente para combatir un fenómeno cada vez más complejo.

Ahora, el debate se concentra en dos nuevas actuaciones. La primera busca reforzar las competencias de las autoridades aduaneras para que puedan interceptar mercancías piratas. La segunda exige a todos los Estados miembros que consideren infracciones penales cualquier tipo de violación de derechos cuando sean intencionadas o con fines comerciales. Las sanciones serán más severas y los culpables podrán llegar a pasar por la cárcel, así como sus colaboradores.

- EE UU Y EL 'COPYRIGHT'. El derecho de autor es uno de los pilares de la sociedad y la economía de Estados Unidos. En los dos siglos de existencia de las Oficinas de Patentes y Derechos de Autor, el respeto y protección a los derechos de los creadores ha estado fuera de discusión: se considera un derecho inalienable del ciudadano, y las empresas, y tanto el consumidor como la empresa privada y el Gobierno, coincididen en que es beneficioso para todo el país. Actualmente se generan cada año por concepto de actividad económica derivada de derechos de autor, patentes y marcas cerca de 600.000 millones de dólares, más del 8% del total de la economía estadounidense.

La protección tuvo su última expresión en la Ley de Derechos de Autor del Milenio Digital, aprobada por el Congreso en 1998 y que tenía como principal objetivo salvaguardar los derechos de autor ante las amenazas de piratería en la era de Internet y el mundo digital.

Una de los principales consecuencias de la ley fue que permitió la creación de los llamados management de derechos digitales, mediante los cuales los propietarios de los derechos de autor tienen puerta libre para establecer reglas mediante las cuales los consumidores podrán utilizar sus productos, sea un sofisticado programa informático, un CD o un aparato de vídeo. Según la ley, es ilegal que alguien trate de romper estos códigos o claves que protegen el material clasificado bajo el derecho de autor.

La ley sólo contemplaba algunas excepciones al principio general de protección a los creadores de casi todo lo que circula en Internet: la utilización de materiales en universidades y centros de enseñanza, la copia privada y el llamado "uso justo" de la obra (utilizarla, por ejemplo, para una pieza de crítica). Hoy se da la extraña situación de que el Congreso, las organizaciones de consumidores y los expertos cuestionan si no se fue muy lejos en el intento de proteger el derecho de autor. El problema, se dice, es que la protección en exceso perjudica la competencia y la creatividad.

- FRANCIA, PIONERA. La primera ley francesa sobre propiedad intelectual data de 1762. El primer código completo sobre el tema es de 1992 y contempla ya el problema de las copias electrónicas y de la piratería en Internet. Ese código fue revisado en 1999 para ponerlo al día, con especial énfasis en la música. Ciertas medidas, a pesar de existir, son de difícil aplicación debido al carácter trasnacional de los delitos, aunque la ley francesa ha perseguido -por ejemplo- portales de Internet por servir de soporte a mensajes racistas, aunque la sociedad-madre esté radicada en EE UU. Para combatir el perjuicio causado por la piratería a los industriales, la ley grava con tasas específicas los CD vírgenes, así como las cintas magnetofónicas y todos los soportes destinados a copiar.

- ITALIA, VISIÓN ANTIGUA. Italia ha preparado ya un decreto legislativo que pone en práctica la directiva europea sobre los derechos de la sociedad de la información. El proyecto ha recibido ya numerosas críticas de quienes, como el profesor Giuseppe Corasaniti, magistrado y profesor de la Universidad católica italiana LUISS, creen que ha sido redactado con demasiada prisa, sin contar con los expertos en el tema. Corasanti cree que mientras la directiva europea introduce conceptos de gran elasticidad, como la copia privada, con la indemnización ecuánime para los productores respecto a la copia de temas musicales o vídeos para una finalidad no de venta, pero incontrolada, que puede representar un daño económico al mercado, el decreto italiano resulta equívoco. La norma comunitaria introduce medidas técnicas preventivas, a cargo de las empresas, y deja espacio a la "autorregulación" y a formas de tutela colectivas, que carecen de tradición en Italia. Los expertos temen que si no se hacen modificaciones importantes, el decreto puede penalizar a algunos sectores, como ocurría inicialmente con la industria del hardware, aunque ese desequilibrio ha sido corregido. La crítica más constante es que el decreto se basa demasiado en la actual ley italiana de los derechos de autor (número 633), y mantiene, por tanto, una visión decimonónica.

- LONDRES, DESPACIO. La Ley de Copyright, Diseño y Patentes, de 1988, es todavía el armazón legislativo del derecho británico en materia de propiedad intelectual pertinente a todos los medios y formatos, incluida Internet. Una legislación adicional, Copyright y Marcas Comerciales, aprobada por el Parlamento en noviembre de 2002, define específicamente las infracciones y penas. El Ejecutivo de Tony Blair aún no ha iniciado los trámites para incorporar a la legislación británica la directiva europea.

Información de Sandro Pozzi, Carlos Ramos, Octavi Martí, Lola Galán y Lourdes Gómez.