La nueva batalla por la propiedad intelectual

Es un conflicto con historia. Cada elaboración de una nueva Ley de Propiedad Intelectual levanta ampollas. Esta vez la reforma llega de Europa. Hay que adaptarse a la nueva directiva de la Unión Europea sobre Derechos de Autor y afines en la Sociedad de la Información, una norma de 2001 que trata de defender a los autores de la piratería en masa, hecha con medios electrónicos y en Internet. Sólo cinco años después de aprobar la Ley de Propiedad Intelectual, que data de 1997, España reforma ahora la norma con un proyecto que el ministerio ha remitido a todos los sectores implicados, según afirma Roberto Rodríguez, del Ministerio de Educación y Cultura. "Ahora está en el Consejo de Estado y se ha remitido a las entidades de gestión, que son ocho en España, a los sectores de hostelería, las televisiones y los creadores", dice.

La SGAE recurrirá la ley. Dice que Cultura no aceptó ninguna de sus 108 propuestas

El principal frente es quién debe fijar el dinero que se debe cobrar por derechos

El proyecto tiene grandes variaciones, según apuntan algunos sectores, con respecto a las intenciones de la Unión Europea. Y eso el ministerio lo reconoce de forma abierta: "La reforma no se limita a las exigencias derivadas de la nueva directiva europea, sino que se introducen otros cambios. Modificaciones impuestas por la necesidad de mejorar el actual sistema de gestión de los derechos para reducir los elevados índices de conflictividad de los últimos años", explican.

Los cambios vienen motivados, según el Gobierno, por factores como "el nacimiento y desarrollo de la Sociedad de la Información; el crecimiento del mercado de la propiedad intelectual, que mueve recursos e intereses cada vez mayores; la aparición de nuevas entidades de gestión de derechos, y la necesidad de clarificar una gestión cada vez más compleja, que ha llevado a una creciente judicialización".

El apartado que produce más tensión, aunque, según el ministerio, puede dotar al sistema de "más transparencia", es el de la comisión que se encargará de fijar las tarifas a recaudar por las obras, algo que subleva a los autores porque, hasta ahora, eran ellos quienes establecían libremente los precios a través de sus entidades de gestión.

He ahí el principal frente, el que fija cuánto dinero se debe cobrar por tal o cual obra, como admite Eduardo Bautista, presidente del consejo de dirección de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), entidad que ha facturado por derechos de autor en 2002 cerca de 245 millones de euros y que, según Bautista, podría dejar de ingresar en 15 años, si se aprueba la nueva ley, 11.000 millones de euros. "Han aprovechado la nueva directiva europea para pegar un tajo a los autores", afirma Bautista.

El viernes venía de una reunión de gestores de derechos europeos en Berlín, donde ha logrado el apoyo de sus colegas frente al proyecto español. "Nos hemos reunido representantes de la BIEM, la Oficina Internacional de Ediciones Mecánicas y el CISAC, la Confederación Internacional de Asociaciones de Autores y Compositores, las dos grandes ascociaciones de derechos de autor europeos. Y la novedad ha sido el caso español. Hemos conseguido medidas de apoyo cerrado que incluyen recurrir la nueva ley en instancias internacionales y organizar un congreso de autores mundial en España en el que preguntaremos con qué legitimidad entra un Gobierno en nuestras cuentas", avisa Bautista.

El apoyo que ha conseguido la SGAE era previsible, porque la nueva norma no sólo afecta a los creadores españoles, sino a todas las obras de cualquier nacionalidad que se exploten en España: "Eso es fundamental para entender que el Gobierno ha abierto un nuevo frente internacional con esta nueva reforma que ha producido perplejidad a todos", dice Bautista.

El ejecutivo de SGAE apunta especialmente contra la comisión que fijará los precios en caso de desacuerdo: "Es un intervencionismo absurdo, los precios los marca el mercado, es una barbaridad que no existe en Europa y que podría incluso vulnerar principios constitucionales".

Junto a la SGAE cierran filas la mayoría de los creadores, desde la Asociación de Músicos y Compositores (ACAM), que preside Teo Cardalda y agrupa a figuras como Miguel Ríos, Víctor Manuel, Loquillo, Rosendo o Ramoncín, entre más de 600 compositores y autores. En una carta remitida a Pilar del Castillo, titular de Educación y Cultura, y a Mariano Rajoy, vicepresidente primero del Gobierno, éstos piden explicaciones y respuestas al Gobierno y reprochan su falta de diálogo, como la SGAE. "Si este Gobierno llama diálogo a que cuando nos remiten un proyecto digamos a todo amén, vale", dice Bautista, que denuncia que el ministerio no aceptó ninguna de las 108 propuestas de mejora de la ley que su asociación remitió después de un estudio exhaustivo.

Algunos ven en la nueva ley un freno a lo que llaman un ímpetu recuaudador exagerado de la SGAE. La Unión de Televisiones Comerciales Asociadas (UTECA), que preside Alejandro Echevarría, de Tele 5, ha mostrado un apoyo claro al ministerio. Incluso salen al paso de las críticas vertidas al proyecto porque creen que éste "acabará con la conflictividad" que genera la gestión de derechos.

UTECA puntualiza, a propósito de la comisión: "No es cierto que se elimine la libertad de fijar precios y de negociación de los creadores. Al contrario, esa comisión sólo actuará en caso de que fracasen las negociaciones entre las partes", apuntan. Además, niegan que sea un órgano dependiente del ministerio: estará formado por expertos en la materia cuyas decisiones pueden ser revisadas por los tribunales.

Los tribunales. ¿Más trabajo para los tribunales? Ése es uno de los aspectos que han hecho saltar la alarma en el Gobierno y que se esgrimen como causas de la reforma. Los conflictos entre las sociedades de gestión, las televisiones y las asociaciones de hosteleros (que se niegan muchas veces a pagar las cuotas que exige la SGAE en concepto de derechos por tener vídeos, televisiones o reproductores de música en sus locales) ya son suficientes para que se prevean más pleitos.

Entre las entidades y los socios hay 7.000 pleitos pendientes, según constaba en el comunicado que UTECA remitió a los medios de comunicación el martes pasado. A éstos hay que sumar los que mantienen los 300 creadores audiovisuales que forman DAMA (Derechos de Autor y Medios Audiovisuales) con la SGAE, a la que reclaman poder gestionar sus propios derechos por su cuenta y lejos del "monopolio", como definen ellos a la sociedad (DAMA no ha querido pronunciarse todavía sobre la nueva ley, porque, aseguran, "seguimos vigilando y estudiando el nuevo borrador"), y hay más de 12.000 hosteleros denunciados por la SGAE tras negarse a pagar sus cuotas mensuales por derechos.

Los hosteleros y comerciantes, agrupados en la Federación Española de Hostelería, que representa a 300.000 asociados, y en la Cecoma, llamaron a la desobediencia y a no pagar a los establecimientos de menos de 100 metros cuadrados. "Nosotros les defenderemos desde la asociación si les demandan", asegura Pedro Galindo, presidente de la federación. Curiosamente, Galindo también critica la actitud de falta de diálogo del ministerio, ya que, dice, no les ha consultado el nuevo proyecto.

Los hosteleros son los que más beligerantes se han mostrado hasta ahora con la SGAE, con la que mantienen una tradicional lucha de años. Según ellos, los hosteleros aportan anualmente a la SGAE más de 24 millones de euros y no discuten que tengan que pagar por algunas cosas: "En lo de los aparatos de música y los vídeos no ponemos objeción, pero que por tener aparatos de televisión los locales pequeños tengan que pagar entre 15 y 30 euros al mes nos parece un abuso", asegura Galindo, que cree que la SGAE está asustada porque con la nueva ley se le acaban sus "tradicionales corruptelas".

Desde la SGAE, Bautista se defiende: "Nuestras tarifas son las más bajas de Europa. El problema es que no quieren pagar nada. Y este Gobierno, en vez de intervenir en ello, debería dejar que nosotros nos sentemos a negociar nuestras cosas. Y si hay que bajar las tarifas, se bajan".