CiU emplaza al Gobierno a desarrollar el documento del Estatuto del Cooperante antes del próximo abril

Cuatro años después de que fuera firmada la Ley de Cooperación, los aproximadamente 1.500 españoles que desempeñan trabajos de cooperación padecen discriminaciones y falta de garantías en lo laboral y lo fiscal, como consecuencia de la inexistencia de un estatuto regulador. Convergència i Unió (CiU) ha emplazado al Gobierno a presentar esa iniciativa en el primer trimestre de 2003. "Si no lo hace", ha declarado a EL PAÍS Carles Campuzano, portavoz de temas de cooperación de CiU, "nosotros, ante el riesgo de que la legislatura se agote, presentaremos al Parlamento nuestra proposición".

El tema del estatuto no es nuevo. En febrero del año pasado el Congreso de los Diputados aprobó una moción que instaba al Ejecutivo a regularlo por ley, pero hasta la fecha no se ha dado ningún paso.

En noviembre pasado se celebró en el Congreso un seminario sobre el estatuto organizado por la Coordinadora de ONG para el Desarrollo (CONGDE), que presentó a debate de los grupos políticos su propio documento de propuestas para la regulación. Los participantes instaron al Ejecutivo a acelerar los trámites para una solución al problema, que todos calificaron de "urgente".

Ponentes y asistentes a aquella reunión coincidieron en que el cooperante español ha conseguido una elevada profesionalidad sin que su vocación se resienta y que el estatuto sería un reconocimiento de esa situación.

Pablo Izquierdo, portavoz del PP en cooperación, objetó que "una ley retrasaría todo", y propuso como marco idóneo de discusión el Consejo de Cooperación, al que invitó a reintegrarse a la CONGDE. Marga Usano, presidenta de la CONGDE, lo desestimó por entender que el Gobierno no respetó en su día que los miembros del Consejo fuesen nombrados por las propias ONG, por lo que la coordinadora, en consecuencia, presentó recurso ante el Tribunal Supremo.

Mientras, sin estatuto, los cooperantes se quejan de falta de protección social en su trabajo, que a menudo se realiza en países especialmente difíciles, así como de carecer de un régimen fiscal justo (cotizan, pero no reciben in situ las prestaciones de que los contribuyentes gozan en suelo español) y de dificultades de reinserción laboral a su regreso.

El documento que propone la CONGDE como base para un estatuto implica, entre otros aspectos, la regulación de un contrato laboral específico; mayor flexibilidad en el cómputo del horario y el tiempo de trabajo; mecanismos para reembolsar los gastos médicos en el extranjero que no cubren los seguros privados; agilizar los trámites de bajas e incapacidades laborales; ampliación por parte del Inem del plazo para la incorporación a nuevos puestos de trabajo (en ciertos países no bastan 15 días para desmontar un domicilio y desplazarse al aeropuerto internacional); revisión física y psicológica obligatoria del cooperante a su regreso; inclusión de patologías propias de los cooperantes en la categoría de enfermedad profesional; y equiparación en el trato fiscal al régimen de dietas y rendimientos del trabajo recibidos por un contribuyente en el extranjero.