Los españoles homosexuales, sin amparo jurídico

Cada Día de la Constitución echo en falta el cumplimiento del mandato de la misma en virtud del cual los poderes públicos remuevan los obstáculos que impiden o dificultan que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas.Publica mi amigo y compañero, el Teniente Coronel en servicio activo del Cuerpo Jurídico de las Fuerzas Armadas José María Sánchez Silva, en la revista Zero de este mes, un magnífico artículo que suscribo en su totalidad, titulado "Sobran ellos".

Con impecable conocimiento de la Filosofía del Derecho, con un razonamiento incuestionable de nuestro Derecho Constitucional, reflexiona sobre los integrantes de nuestras Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil, en una carta dirigida al guardia civil Joan Miquel Perpinyà, que acaba de reconocerse gay y realizar su coming out, que personalmente aplaudo.

La eventual vulneración, por una parte de los mismos, de nuestra Carta Magna queda constatada en el mencionado artículo. "No olvides que no pueden vestir el uniforme militar, ni en la Guardia Civil ni en las Fuerzas Armadas, quienes nos desprecian mediante la palabra, el gesto, la acción o la omisión, porque al hacerlo están poniendo de manifiesto que no han interiorizado el espíritu constitucional. Difícilmente pueden cumplir la misión que la Carta Magna les asigna de defensa del ordenamiento constitucional cuando no creen en la libertad y la igualdad de todos los españoles".

Duras y justas reflexiones que suscribo plenamente. Soy oficial del Arma de Ingenieros, aunque no estoy en servicio activo, y creo cumplir con mi obligación como Presidente de la Plataforma Popular Gay pidiendo, una vez más, a mis compañeros del Partido Popular que garanticen los derechos y libertades que nos reconoce nuestra Carta Magna, aprobada en referéndum por todos los españoles.

Para ello se dictó la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, que en su artículo 510 prevé tres años de prisión y un año de multa para "los que provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o asociaciones, por motivos de orientación sexual".

Por otra parte la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial encomienda al Ministerio Fiscal promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la Ley, de oficio o a petición de los interesados.

Es inconcebible hoy que el Ministerio Fiscal, ante flagrantes ingerencias de un Estado extranjero, como es el Estado del Vaticano, que se niega a suscribir la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y que a través de la Iglesia Católica está reiterada y pertinazmente incitando a la desigualdad, lanzando mensajes perversos y pervertidos, al hacer afirmaciones sobre la homosexualidad que son punibles y perseguibles penalmente, no actúe.

La Iglesia Católica utiliza a los progenitores para secuestrar la libertad y dignidad de los españoles homosexuales recién nacidos, convirtiéndoles en los torturadores de sus hijos, llegando con sus mensajes a ser los inductores, los ministros de la Iglesia Católica, de la alta tasa de suicidios de éstos.

Quizá el Ministerio Fiscal desconoce que entre los jóvenes preadolescentes y adolescentes homosexuales, fruto de este chantaje y tortura psicológica de sus manipulados padres, la tasa de suicidios se eleva hasta el cuarenta por ciento, cuando solamente son homosexuales el diez por ciento de los jóvenes.

Es ese mensaje delictivo y reiterado de enfermedad, desviación, desigualdad, vicio nefando que lanza la doctrina católica, que amparada en la libertad de confesión constitucional, pretende, en un Estado democrático y de derecho, todavía mantener la esclavitud en el siglo XXI, lo que lleva a estos españoles a esta evitable situación.

Igualmente, arrogándose el único modelo de familia, la católica, influye en la conciencia de los legisladores y sin ningún pudor, les coacciona con mensajes públicos, impidiendo que cumplan con el mandato democrático que las urnas les han otorgado. La libertad de mis compañeros elegidos democráticamente está coaccionada.

El no reconocer que dos homosexuales también son familia, impidiendo que a nivel de toda España exista un único matrimonio, con independencia de su orientación sexual, con sus claras presiones, ponen a los ciudadanos que componen la Conferencia Episcopal, cumplidores de las consignas del Estado del Vaticano, en una situación al margen de nuestro ordenamiento jurídico que el Ministerio Fiscal debería de oficio perseguir.

Exijo a mis compañeros de partido y pido también al resto de los partidos políticos un escrupuloso cumplimiento de los derechos que nos otorga la Carta Magna y que tenemos secuestrados y al Ministerio Fiscal el cumplimiento del ordenamiento jurídico del cual están obligados a velar.

Si ello no es así, para los ciudadanos españoles, que hablan y hablarán en las urnas, unos y otros también sobráis.

Carlos Alberto Biendicho López es presidente de la Plataforma Popular Gay.