Política presupuestaria desde 1995 a 2002

Las finanzas públicas han constituido el escollo fundamental en el camino del proceso español de convergencia. A finales de 1995 el déficit del conjunto de las administraciones públicas alcanzó el 6,5% del PIB y la deuda pública el 64%. A 31 de diciembre de 1997, dichos indicadores no debían rebasar el 3% y el 60% del PIB, respectivamente.

El Gobierno surgido de las elecciones de 1996 implantó una nueva estrategia de estabilidad y convergencia, rompiendo con el modelo presupuestario que dominó desde 1985. El nuevo Gobierno se encontró con un Presupuesto en marcha, que era el de 1995 prorrogado y adaptado a 1996. Para retomar la senda de la convergencia, adoptó en mayo un acuerdo de no disponibilidad de crédito por un importe de 200.000 millones de pesetas, con objeto de restringir la capacidad de gasto.

Para el año 1997, año definitivo para conseguir la entrada en la Unión Monetaria, el Gobierno elaboró un Presupuesto enormemente restrictivo. Sólo aumentó el 1,7% en términos monetarios, lo que supuso una reducción en pesetas constantes. Por primera vez desde hacía muchísimos años los gastos de funcionamiento de los servicios del Estado experimentaron una reducción con respecto a 1996, tanto en términos monetarios como reales.

La reducción del déficit y de la deuda pública y la credibilidad que los mercados otorgaron al Presupuesto para 1997 dieron lugar a una reducción del tipo de interés a largo plazo que, junto a la rebaja de la inflación que se dio de manera sostenida, en parte debido a la política monetaria del Banco de España, hizo posible que España se encontrase entre los países que accedieron a la tercera fase de la Unión Monetaria. El déficit presupuestario se reducjo en 3,5 puntos en el bienio 1996-97, situándose en el 2,6%, de los que 3,1 puntos correspondieron a una reducción del déficit estructural (Informe OCDE 2000 sobre España).

Después del ingreso en la UEM, la política macroeconómica ha ido dirigida a apoyar el crecimiento de la demanda interna, en tanto que la del bienio anterior estuvo marcada por la estabilidad y el crecimiento de la demanda exterior. El desbordamiento de la demanda interna se ha debido a la rebaja del impuesto sobre la renta de las familias, la reducción del tipo de interés y el aumento del empleo, que ha impulsado al alza la renta disponible de las familias y, por tanto, el consumo; la caída de los tipos de interés y el crecimiento de la demanda de los hogares ha incentivado la inversión empresarial.

Debido a la imposibilidad de utilizar los tipos de interés para cortar la demanda interna, el único instrumento que queda en poder del Gobierno (aparte de las reforma de los mercados de bienes y servicios para introducir mayor competencia y la reforma del mercado de trabajo) es la utilización de la política presupuestaria tal y como ha sido diseñada en el Tratado de Maastricht. Sin embargo, el Gobierno se ha limitado a cumplir el Pacto de Estabilidad en cuanto a la reducción del déficit, inclusive estableciendo contabilidad creativa en determinados supuestos. La consecuencia ha sido la persistencia del diferencial de inflación con respecto a la media de los países de la UEM.

Desde la entrada de España en la Unión Monetaria, parece que el Gobierno se ha desentendido del control de la inflación, ya que en junio de 1998 era sólo dos décimas superior a la media de los países de la Unión Europea; un año después -mayo de 1999- el diferencial era de un punto; a finales de mayo de 2001 seguía prácticamente con el mismo diferencial (1,1 puntos); en diciembre de 2001 fue de 0,9 puntos, y la publicación reciente del índice de precios al consumo armonizado del mes de octubre del corriente sitúa la inflación española en el 4%, el doble del objetivo del BCE como media del la zona euro y de la previsión del Gobierno en el Presupuesto 2002, con un diferencial de 1,8 puntos con respecto a la media de la UE, que supone un diferencial de inflación acumulada en el periodo de cinco puntos. Todos los techos se han desbordado y la situación ha devenido preocupante; al final, como era de esperar y tantas veces hemos anunciado, la economía española ha entrado en un panorama sombrío: la inflación ha empezado a golpear sobre el paro y sobre la balanza de pagos por cuenta corriente y los desequilibrios económicos comienzan a aflorar.

Como hemos dicho en varias ocasiones, la base para la credibilidad presupuestaria se encuentra en su transparencia, principio que, por otra parte, se recoge en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. Podemos decir que la información que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado es superabundantísima, pero inconexa, no poniendo de manifiesto la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas.

Las finanzas públicas han constituido el escollo fundamental en el camino del proceso español de convergencia. A finales de 1995 el déficit del conjunto de las administraciones públicas alcanzó el 6,5% del PIB y la deuda pública el 64%. A 31 de diciembre de 1997, dichos indicadores no debían rebasar el 3% y el 60% del PIB, respectivamente.

El Gobierno surgido de las elecciones de 1996 implantó una nueva estrategia de estabilidad y convergencia, rompiendo con el modelo presupuestario que dominó desde 1985. El nuevo Gobierno se encontró con un Presupuesto en marcha, que era el de 1995 prorrogado y adaptado a 1996. Para retomar la senda de la convergencia, adoptó en mayo un acuerdo de no disponibilidad de crédito por un importe de 200.000 millones de pesetas, con objeto de restringir la capacidad de gasto.

Para el año 1997, año definitivo para conseguir la entrada en la Unión Monetaria, el Gobierno elaboró un Presupuesto enormemente restrictivo. Sólo aumentó el 1,7% en términos monetarios, lo que supuso una reducción en pesetas constantes. Por primera vez desde hacía muchísimos años los gastos de funcionamiento de los servicios del Estado experimentaron una reducción con respecto a 1996, tanto en términos monetarios como reales.

La reducción del déficit y de la deuda pública y la credibilidad que los mercados otorgaron al Presupuesto para 1997 dieron lugar a una reducción del tipo de interés a largo plazo que, junto a la rebaja de la inflación que se dio de manera sostenida, en parte debido a la política monetaria del Banco de España, hizo posible que España se encontrase entre los países que accedieron a la tercera fase de la Unión Monetaria. El déficit presupuestario se reducjo en 3,5 puntos en el bienio 1996-97, situándose en el 2,6%, de los que 3,1 puntos correspondieron a una reducción del déficit estructural (Informe OCDE 2000 sobre España).

Después del ingreso en la UEM, la política macroeconómica ha ido dirigida a apoyar el crecimiento de la demanda interna, en tanto que la del bienio anterior estuvo marcada por la estabilidad y el crecimiento de la demanda exterior. El desbordamiento de la demanda interna se ha debido a la rebaja del impuesto sobre la renta de las familias, la reducción del tipo de interés y el aumento del empleo, que ha impulsado al alza la renta disponible de las familias y, por tanto, el consumo; la caída de los tipos de interés y el crecimiento de la demanda de los hogares ha incentivado la inversión empresarial.

Debido a la imposibilidad de utilizar los tipos de interés para cortar la demanda interna, el único instrumento que queda en poder del Gobierno (aparte de las reforma de los mercados de bienes y servicios para introducir mayor competencia y la reforma del mercado de trabajo) es la utilización de la política presupuestaria tal y como ha sido diseñada en el Tratado de Maastricht. Sin embargo, el Gobierno se ha limitado a cumplir el Pacto de Estabilidad en cuanto a la reducción del déficit, inclusive estableciendo contabilidad creativa en determinados supuestos. La consecuencia ha sido la persistencia del diferencial de inflación con respecto a la media de los países de la UEM.

Desde la entrada de España en la Unión Monetaria, parece que el Gobierno se ha desentendido del control de la inflación, ya que en junio de 1998 era sólo dos décimas superior a la media de los países de la Unión Europea; un año después -mayo de 1999- el diferencial era de un punto; a finales de mayo de 2001 seguía prácticamente con el mismo diferencial (1,1 puntos); en diciembre de 2001 fue de 0,9 puntos, y la publicación reciente del índice de precios al consumo armonizado del mes de octubre del corriente sitúa la inflación española en el 4%, el doble del objetivo del BCE como media del la zona euro y de la previsión del Gobierno en el Presupuesto 2002, con un diferencial de 1,8 puntos con respecto a la media de la UE, que supone un diferencial de inflación acumulada en el periodo de cinco puntos. Todos los techos se han desbordado y la situación ha devenido preocupante; al final, como era de esperar y tantas veces hemos anunciado, la economía española ha entrado en un panorama sombrío: la inflación ha empezado a golpear sobre el paro y sobre la balanza de pagos por cuenta corriente y los desequilibrios económicos comienzan a aflorar.

Como hemos dicho en varias ocasiones, la base para la credibilidad presupuestaria se encuentra en su transparencia, principio que, por otra parte, se recoge en la Ley General de Estabilidad Presupuestaria. Podemos decir que la información que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado es superabundantísima, pero inconexa, no poniendo de manifiesto la sostenibilidad a largo plazo de las finanzas públicas.