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Bruselas presenta su hoja de ruta para modernizar la agricultura europea un año después de las protestas del campo

La Comisión Europea prevé medidas para proteger al sector en caso de agresión comercial en plena guerra arancelaria. Propone hacer al sector más atractivo, competitivo y sostenible, aunque los críticos temen que lleve a un menor rigor medioambiental

Protesta de agricultores en Madrid en febrero de 2024
Protesta de agricultores en Madrid en febrero de 2024 Alejandro Martínez Vélez (Europa Press)
Silvia Ayuso

Un año después de que las protestas de agricultores pusieran en jaque a muchos gobiernos, y a la propia Comisión Europea, Bruselas ha presentado su “visión para la agricultura y los alimentos” en la UE. Se trata de una hoja de ruta hasta 2040 con la que se busca hacer más “atractivo”, “competitivo” y a la vez “sostenible” este sector estratégico. Las organizaciones medioambientales han manifestado su temor de que la propuesta comunitaria, que entre otros promete una mayor simplificación de la burocracia, profundice el debilitamiento de los estándares medioambientales ya rebajados en 2024 para calmar los ánimos del campo, y facilitar la competencia ante el recrudecimiento de las tensiones comerciales.

El sector teme verse salpicado por la guerra arancelaria desatada por Estados Unidos. Durante su primer mandato en la Casa Blanca Donald Trump ya impuso aranceles al sector agroalimentario europeo, que afectó, entre otros productos, a la aceituna negra española. La nueva hoja de ruta de Bruselas para el sector recoge medidas para que cuando socios comerciales emprendan acciones que perjudiquen al sector la UE se reservará los mecanismos legales para defenderlo de ataques comerciales.

“Los agricultores son parte de la solución, no el problema”, ha subrayado el vicepresidente de la Comisión para Cohesión y Reformas, Raffaele Fitto, al presentar la hoja de ruta que, según ha explicado el italiano, propone “colaborar con el sector” agroalimentario para buscar soluciones que garanticen el futuro del campo.

Entre otros, Bruselas presentará en los próximos meses iniciativas para hacer más atractivo para los jóvenes esta profesión, con medidas tanto específicas para la generación más joven como otras más amplias que responden a una queja de larga data del sector: ingresos justos. Para ello, el Ejecutivo europeo revisará la directiva sobre prácticas comerciales desleales para “asegurarse de que los agricultores no se vean obligados, sistemáticamente, a vender sus productos por debajo del coste de producción”.

En su plan, la Comisión también adelanta planes para garantizar que “los ambiciosos estándares europeos no lleven a una desventaja competitiva” con otras regiones, para lo que empezará a dar pasos este 2025 para “garantizar más coherencia en los estándares” tanto en materia de pesticidas peligrosos prohibidos o bienestar animal, entre otros.

También adelanta que la futura Política Agrícola Común (PAC), para el periodo después de 2027, será “más sencilla y específica” y que “se favorecerán los incentivos, en vez de las condiciones”. Algo que ha puesto en alerta al sector medioambiental, que ya vio cómo de entre las primeras medidas para apaciguar las protestas de 2024 fue simplificar algunos requisitos medioambientales que los agricultores deben cumplir para beneficiarse de las ayudas directas de la PAC o reducir las inspecciones a cultivos y granjas.

La visión era una de las promesas para los cien primeros días del nuevo mandato de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen. Oficialmente, busca fijar las líneas maestras de las futuras políticas para un sector como el agroalimentario que, en momentos de “crecientes tensiones geopolíticas” y un cambio climático que ya está provocando “fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes”, necesita, subraya la Comisión, ser más predecible que nunca al menos en lo que respecta a la legislación. Inoficialmente, esta hoja de ruta intenta responder, o apaciguar, las demandas de un sector que el año pasado, en plena campaña electoral europea, fue ampliamente instrumentalizado por las fuerzas más ultras y que ve también con mucha reticencia los acuerdos comerciales que la UE sigue —y promete seguir— impulsando, especialmente el de Mercosur.

“La visión es nuestra respuesta decidida a la llamada a la acción del sector agroalimentario (…) trabajaremos mano a mano con el sector para mejorar su competitividad y resiliencia, reforzando la dimensión local y restaurando el vínculo vital entre alimentos, territorio, estacionalidad, culturas y tradiciones”, ha prometido Fitto. Un sector que el comisario de Agricultura, Christophe Hansen, que ha hecho constantes referencias a las protestas agrícolas de hace un año, ha insistido en calificar como un “activo crítico” y estratégico y la “columna vertebral” de la soberanía alimentaria, aspecto fundamental para Bruselas en momentos en que toda su política gira en torno a la mayor autonomía y competitividad de Europa.

Pero ahí se encuentra una de las principales quejas de grupos medioambientales y sociales: que de tanto centrarse en los agricultores, dicen, no se han tenido en cuenta muchas de las propuestas de científicos y expertos, como que las ayudas directas europeas al campo se justen más a los que “más las necesitan”, o promover una dieta más “equilibrada” y sostenible. Unas ideas incluidas las recomendaciones del “diálogo estratégico sobre el futuro de la agricultura en la Unión Europea” que Von der Leyen encargó a un grupo de expertos de todos los sectores precisamente para, tras las protestas del campo, buscar compromisos y que prometió incluir en esta “visión”.

Advierten, además, de que algunas de las nuevas directrices suponen una nueva rebaja de los estándares medioambientales, cuyo cumplimiento pasa a ser más un incentivo que una obligación, bajo el principio de que “hay que reconciliar la acción climática con la seguridad alimentaria y los desafíos específicos del sector”. Ahí se engloba por ejemplo la decisión de “considerar cuidadosamente cualquier nueva prohibición de pesticidas si no hay alternativas razonables en un tiempo razonable”, que según Pesticide Action Network “favorece más a la industria pesticida que a los agricultores de la UE y a la salud de sus ciudadanos y ecosistemas”. Pese a algunos aspectos medioambientales positivos en una propuesta que Bruselas defiende como “equilibrada”, para Greenpeace esta visión es, más bien, una “visión de túnel” de una Comisión “reacia a cambiar de rumbo incluso mientras nuestro sistema alimentario se desmorona”.

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Sobre la firma

Silvia Ayuso
Corresponsal en Bruselas, después de contar Francia durante un lustro desde París. Se incorporó al equipo de EL PAÍS en Washington en 2014. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, comenzó su carrera en la agencia Efe y continuó en la alemana Dpa, para la que fue corresponsal en Santiago de Chile, La Habana y Washington.
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