Bruselas plantea a los Estados incentivos fiscales para impulsar las inversiones verdes

Uno de los grandes e inminentes retos de la Unión Europea es impulsar su competitividad para lograr más seguridad económica y más autonomía estratégica, mientras Estados Unidos y Rusia discuten cómo acabar con la guerra abierta en suelo europeo, en Ucrania. Ante ese reto mayúsculo, la Comisión Europea ultima una propuesta a la que llama Pacto para una industria limpia. Un importante abanico de medidas que persiguen un objetivo prioritario: abaratar la energía, una brecha que sitúa en desventaja a las empresas europeas en los mercados mundiales, sin dejar de lado la lucha contra la crisis climática y la meta de la descarbonización, impulsando las inversiones en redes energéticas y tecnologías limpias. Por eso, Bruselas propone a los Estados miembros que se den incentivos fiscales, desgravando inversiones empresariales en tecnología ambiental o reduciendo el IVA que se aplica a la electricidad “al umbral mínimo”, según los borradores de esa iniciativa, a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

“La base industrial es central para nuestra identidad y para nuestra competitividad”, comienza uno de los documentos que Bruselas espera presentar el próximo miércoles y que todavía pueden cambiar. “Europa se enfrenta a tensiones geopolíticas crecientes, un crecimiento económico lento y una competencia tecnológica. La UE debe abordar urgentemente tres desafíos a la vez: la crisis climática y sus consecuencias, las preocupaciones por la competitividad y la resiliencia económica”, remarca el texto.

El declive industrial del club comunitario durante décadas es la gran preocupación de la nueva Comisión Europea, pilotada por Ursula von der Leyen, que busca tratar de revertirlo con iniciativas como este pacto. También se trata, apunta una fuente comunitaria, de aterrizar sobre la economía real buena parte de los ambiciosos objetivos climáticos que se plantearon en la anterior legislatura (una reducción del 90% de las emisiones de carbono en 2040), en ocasiones sin tener muy en cuenta este aspecto clave. Y en este último argumento hay que enmarcar las dos comunicaciones que lanzará el Ejecutivo de la Unión la semana que viene, tanto el Pacto para la industria limpia como el Plan para una energía asequible, que complementa al primero.

Para proporcionar un alivio a corto plazo a la industria, en particular a la de alto consumo energético que invierte en la descarbonización, Bruselas reclama a los Estados miembros a que reduzcan los impuestos sobre la electricidad “a los umbrales mínimos legales”. En el caso del IVA, eso supone reducirlo al 5%, o eliminar los gravámenes de las facturas de la luz que financian políticas no relacionadas con la energía. No es lo único: la Comisión promete presentar una armonización de las metodologías que emplean los diferentes países por las tarifas de acceso a la red.

Todo este paquete es uno de los elementos clave de la nueva cartera de Teresa Ribera, vicepresidenta para una Transición Limpia, Justa y Competitiva y encargada de Competencia. También lo es de otros tres miembros del Colegio de Comisarios: el francés Stéphane Séjourné, el holandés Wopke Hoekstra y el danés Dan Jorgensen. Y en él hay un elemento llamativo, estando la española implicada en su elaboración. Abre la puerta a aplicar modelos similares a la excepción ibérica, el mecanismo de ahorro energético que impulsaron los gobiernos de España y Portugal y que permitió a ambos países desligar los precios eléctricos de los del gas en los peores momentos de la crisis energética.

La Comisión, que entonces era reticente a aquella iniciativa, asegura ahora que “está dispuesta” a ayudar a los Estados miembros a diseñar instrumentos de ayudas públicas que permitan afrontar los picos de precios extremos. Se trata, además, de desligar las cotizaciones del gas, cuando se disparan, de los precios de la electricidad “basándose en modelos probados en situaciones de emergencia”. Es decir, herramientas como la excepción ibérica, que tuvo en Ribera a su principal baluarte cuando era vicepresidenta del Gobierno español. Esa apertura toma importancia porque el gas, que ha vuelto encarecerse en los últimos meses, seguirá en cotizaciones altas durante los próximos años, como reconocen los propios borradores.

Además de la habitual panoplia de recomendaciones a las capitales, en los planes de la Comisión también se contemplan medidas para reducir la burocracia y cambiar las reglas que rigen las ayudas de Estado para abrir la mano e impulsar las energías limpias, como adelantó este diario, algo que es competencia directa de Ribera.

Lo que dejan ver los documentos vistos por este periódico todavía no incluye cifras previstas de inversión. Por ejemplo, se hace referencia a la creación de un nuevo Fondo de Competitividad en el próximo presupuesto multianual, algo que ya adelantaba el documento presentado hace un par de semanas que venía a trazar el programa económico de esta Comisión Europea en el que se cuelgan iniciativas como este pacto para la industria limpia, pero sigue sin detallarse la cantidad. Lo que sí hace el Ejecutivo de la Unión, mientras tanto, es plantear el uso de fondos del marco presupuestario actual, que finaliza en 2027, “para mejorar el negocio de la producción de energía limpia”.

Del lado del dinero, vuelve a incidirse en una idea que circula en Bruselas desde hace años: la transición limpia de la economía requerirá un desembolso ingente. “Las inversiones anuales en el sistema de energía, industria y transporte” tendrán que aumentar “en unos 480.000 millones de euros respecto a la década anterior”. La magnitud de estas cifras lleva a mirar a las empresas, señalando que “es clave movilizar y aprovechar el capital privado”.

Otro de los elementos que aborda Bruselas está relacionado con los anuncios arancelarios del presidente estadounidense, Donald Trump, que parecen conducir al mundo a una guerra comercial. Esta política de barreras de entrada altas en Estados Unidos puede provocar que la ingente oferta industrial china se redirija a Europa, con el consiguiente riesgo para el sector secundario de la Unión. Ante eso, la Comisión plantea vigilar de cerca la sobreproducción del gigante asiático estimulada con subsidios, una de las acusaciones tradicionales que la UE y muchas otras áreas del mundo lanzan sobre Pekín y que ha tenido una traducción práctica a los aranceles adicionales impuestos a las importaciones de coches eléctricos chinos.