El presidente del Parlamento de Baleares, de Vox, será juzgado por un delito de odio contra las víctimas del franquismo

El magistrado del Juzgado de Instrucción Número 1 de Palma ha dictado la apertura de juicio oral contra el presidente del Parlamento de Baleares, el diputado de Vox Gabriel Le Senne, por un delito de odio al romper una fotografía en la que aparecían varias mujeres republicanas asesinadas por el franquismo, las llamadas Rojas del Molinar, durante el debate de la propuesta de derogación de la ley autonómica de Memoria Democrática el pasado mes de junio. El magistrado ha reclamado a Le Senne una fianza de 40.000 euros para asegurar las responsabilidades que pudieran imponerse durante el procedimiento y le da un plazo de un día para aportar la cantidad bajo advertencia de embargar sus bienes por la misma cuantía.

El juez sostiene que ha quedado suficientemente acreditado, mediante imágenes y testimonios de personas que estaban ese día en la Cámara, que Le Senne rompió parte del folio que contenía las imágenes y fragmentó en varios pedazos y tiró al suelo el trozo que se le había quedado en la mano. La fotografía estaba pegada en la tapa del ordenador portátil de la vicepresidenta de la Cámara, la diputada socialista Mercedes Garrido, que se había negado a quitarla a requerimiento de Le Senne. Tanto Garrido como su compañera, la parlamentaria socialista Pilar Costa, fueron expulsadas del pleno. “Dichas acciones no solo menoscaban la memoria de dichas víctimas del franquismo, sino también de los familiares de las mismas” señaló el magistrado en su último auto, en el que habló de una intención de Le Senne de “menospreciar los valores e ideales políticos” que estas mujeres, Aurora Picornell y las hermanas María y Antònia Pascual, representaban.

El diputado ultra se sentará en el banquillo acusado de un delito de odio por cuatro entidades de memoria democrática y partidos políticos. La acusación popular que reclama una mayor pena es el Partido Comunista de los Pueblos de España, que exige una condena de cuatro años de cárcel para Le Senne. Entre las cuatro acusaciones populares reclaman multas por valor de 201.900 euros e indemnizaciones que suman más de 150.000 euros. También solicitan inhabilitaciones de varios años para ejercer cargos públicos. La Fiscalía solicitó el sobreseimiento de la causa, que fue rechazada por el juez.

Un juzgado de lo penal de Palma será el encargado de juzgar a Le Senne, dado que en el año 2022 Baleares modificó su Estatuto de Autonomía para suprimir el aforamiento para los miembros del Parlamento y del Gobierno regional. La Audiencia Provincial de Baleares tiene pendiente resolver el recurso presentado por Le Senne contra el auto del juez de instrucción por el que se acordó continuar las diligencias previas del procedimiento.