Andalucía permite investigar con embriones humanos
El permiso autonómico rompe el veto impuesto por el Gobierno central a estos trabajos
Bernat Soria, el científico valenciano que intenta convertir las células madre de embriones humanos en tejidos productores de insulina que puedan trasplantarse a los diabéticos, podrá sacar adelante en Andalucía el proyecto de investigación que el Gobierno le impide realizar en su universidad, la Miguel Hernández de Elche. El consejero andaluz de Salud, Francisco Vallejo, anunció ayer la creación de un equipo científico en el Centro de Investigación Biomédica de Sevilla, dirigido por el propio Bernat Soria y financiado por la Junta de Andalucía, que tendrá a su disposición los embriones humanos congelados en las clínicas de reproducción asistida de esa comunidad autónoma. Los embriones, vitales como fuente de células madre, sólo se usarán si llevan más de cinco años congelados y cuentan con el permiso de los donantes.
El consejero Vallejo se convierte así en el primer responsable político español que aplica las recomendaciones elaboradas hace más de dos años por la Comisión Nacional de Reproducción Asistida, el grupo de científicos, juristas y bioéticos creado en 1998 para asesorar al Gobierno en esa materia. En noviembre de 2001, esa comisión entregó al Gobierno un informe -elaborado 18 meses antes- en el que recomendaba autorizar la investigación con los embriones sobrantes de los tratamientos de fertilidad. La ley de reproducción asistida no permite implantar los que llevan congelados más de cinco años.
Las células madre se obtienen de embriones humanos de una o dos semanas. Debido a su capacidad para diferenciarse en cualquier tejido humano, la mayoría de la comunidad científica internacional las considera una prometedora fuente de trasplantes no sólo para tratar la diabetes, sino también el Parkinson, el Alzheimer, las enfermedades degenerativas y vasculares, las lesiones medulares y muchas otras dolencias. Pero, debido a que obtenerlas implica destruir un embrión de una o dos semanas, cuentan con la oposición de la Iglesia católica y los sectores más conservadores, con los que hasta ahora se ha alineado el Gobierno español.
Vallejo explicó ayer que la Junta andaluza encargará un informe jurídico para apoyar a los investigadores 'agotando los márgenes' de la actual legislación. El consejero explicó que la Junta cuenta con las transferencias de salud, requisito que considera suficiente para autorizar este tipo de investigaciones, actualmente legalizadas en Suecia y Reino Unido.
Sentimiento de orgullo
Para Bernat Soria se trata de una decisión política que le llena de 'orgullo' y a la que espera que se sumen próximamente otras comunidades autónomas.
El Ministerio de Sanidad no quiso ayer entrar en un conflicto de competencias. Fuentes cercanas a su responsable, Ana Pastor, señalaron ayer que su postura es 'respetar la legislación vigente y la distribución de competencias' entre el Estado y las comunidades autónomas. El ministerio promoverá próximamente la incorporación de responsables autonómicos a Comisión Nacional de Reproducción Asistida.
La Junta andaluza, por su parte, promoverá en el Consejo Interterritorial de Salud un 'rápido debate', en palabras de Vallejo, para analizar la 'obsoleta' legislación española y modificarla. La Comisión Nacional de Reproducción Asistida favorece una reforma de la ley que autorice explícitamente la investigación con embriones, aunque algunos de sus miembros creen que esos trabajos podrían hacerse sin reformas. Sólo en Andalucía hay 6.000 embriones congelados sobrantes de los tratamientos de fecundación in vitro.
Vallejo explicó que ya lleva varios meses en contacto con Bernat Soria para materializar proyectos de investigación en Andalucía. Soria abandonó las investigaciones con estos embriones en Elche al sentirse desprotegido legalmente para continuar. Así anunció que continuará con los experimentos en Singapur, gracias a un proyecto auspiciado por el premio Nobel de Medicina de este año Sydney Brenner, y también en un proyecto financiado por la UE en el que participan ocho laboratorios europeos.
El consejero señaló que no continuar por esta línea de investigación sería inmoral porque restaría oportunidades de supervivencia y calidad de vida a actuales enfermos que no tienen otra forma de curación. Bernat Soria lamentó que España se encuentre en un nivel de 'indefinición legal' que deja desprotegidos a los científicos. 'Espero que los asesores jurídicos de la Junta de Andalucía lo expliquen bien para que den tranquilidad al investigador', destacó el experto, que también ha aceptado ser miembro del Consejo de Etica e Investigación aprobado hace un mes por el Gobierno andaluz con el objetivo de que asesore a la Consejería de Salud en sus decisiones.
El grupo de investigadores a cargo de Bernat Soria estará compuesto por un mínimo de seis personas que ya están trabajando en Andalucía en temas relacionados con enfermedades de tipo degenerativo, al que se unirán, a partir del próximo año, nuevos profesionales mediante una convocatoria pública.
La Junta pretende que este grupo esté constituido antes de que finalice el año. En estos dos próximos meses se adecuarán los laboratorios de Sevilla y se modernizará un animalario ya proyectado, lo que supondrá una inversión cercana a los dos millones de euros.
De forma paralela, se elaborarán los informes jurídicos necesarios para que puedan comenzar los trabajos. Las consultas previas con juristas que ha hecho el equipo de gobierno de la Junta indican que no habrá 'excesivos problemas' legales, porque la investigación con células madre a partir de embriones congelados 'no está prohibida', según su análisis. Vallejo estima que habrá vía verde para empezar los trabajos de las líneas de investigación más problemáticas a partir de los primeros meses de 2003.
Los argumentos jurídicos
Los argumentos jurídicos de la Junta son los mismos que avanzaron dos votos particulares del informe de la Comisión Nacional de Reproducción Asistida, los del presidente de la Audiencia Provincial de Madrid, Antonio García Paredes, y el catedrático de filosofía del derecho de la Universidad de Alicante Manuel Atienza.
Según esos juristas, la investigación con embriones no requiere una reforma legal, sino una mera interpretación favorable de la ley de reproducción asistida de 1988, que autoriza explícitamente la investigación con embriones no viables. García Paredes y Atienza consideran que un embrión no puede considerarse viable si no va a ser implantado en una mujer, y éste es el caso, al menos, de los embriones que llevan congelados más de cinco años, puesto que la misma ley prohíbe implantarlos.
La junta exigirá además que se cuente con el permiso de los donantes biológicos, que no se les ofrezca ninguna compensación económica y que pasen a ser objeto de estudio por parte de un equipo de prestigio, y en un proyecto relevante para una futura aplicación médica.
Sin embargo, la Comisión Nacional de Reproducción Asistida decidió finalmente descartar esa interpretación porque, 'al ser susceptible de ser sometida a un debate teórico', no proporcionaría en la práctica 'márgenes de seguridad suficientes' a los científicos que usen los embriones. Según aquel informe, una cuestión 'que afecta a la sensibilidad y los criterios de muchos ciudadanos no debe ser sustraída al pronunciamiento más explícito por parte del legislador'.
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