Todos los partidos, menos el PP, exigen la devolución del archivo expoliado a Cataluña

Más de un centenar de personas convocadas por la Comissió de la Dignitat viajaron ayer a Salamanca para exigir la devolución a Cataluña de los documentos expoliados por las tropas franquistas a instituciones y particulares al término de la guerra civil. Utilizados en su día con fines represivos, los documentos permanecen, 60 años después, en el llamado Archivo General de la Guerra Civil, con sede en la ciudad castellano-leonesa. Todos los partidos, excepto el PP, estuvieron representados en la expedición, que llegó desde Cataluña en un vuelo fletado para la ocasión.

La Comissió de la Dignitat acudió a Salamanca para explicar, en un céntrico hotel, 'los motivos y los sentimientos' que impulsan a 'buena parte' de la sociedad catalana a exigir la devolución de sus archivos. La explicación, sin embargo, debió de caer en saco roto: los asientos reservados para autoridades y representaciones salmantinas invitadas no fueron ocupados.

Castilla y León 'no necesita explicaciones ni lecciones de nada', declaró a Efe Tomás Villanueva, vicepresidente del Gobierno autónomo, del PP, para quien el asunto está 'cerrado, zanjado', señaló en alusión al acuerdo adoptado por el patronato del archivo, que niega la posibilidad de cualquier devolución. No parece, pese al tono rotundo de sus palabras, que la opinión de Villanueva sea compartida por sus correligionarios en Cataluña. Dolors Nadal, portavoz de los populares en el Parlamento catalán, anunció durante una entrevista en COM Ràdio que el ministro de Ciencia y Tecnología, Josep Piqué, 'se ha comprometido a impulsar una negociación para ver desde qué punto de vista técnico se llega a una solución'. La intervención de Piqué, que opta a la presidencia del PP en Cataluña, tendría el objetivo de 'recuperar una parte del patrimonio que fue arrebatado como botín de conquista'. Piqué señaló más tarde en Barcelona que 'hace falta una solución satisfactoria y las nuevas tecnologías nos pueden dar una vía' y avanzó que la ministra de Cultura 'éstá abierta a hablar del tema, pero hace falta el consenso de los expertos'.

La misma disparidad de pareceres que se da en el PP se produce en las filas socialistas. Frente al apoyo a la demanda de devolución expresada reiteradamente por los socialistas catalanes -hasta el punto de que un representante del partido figuraba en la delegación catalana que ayer se desplazó a Salamanca-, el secretario general del PSOE de Castilla y León, Ángel Villalba, señaló a Efe que 'la mayor parte de los catalanes son indiferentes a la polémica. 'El PSOE de Castilla y León', añadió 'no va a consentir que se utilice a Salamanca y sus fondos culturales como objeto de deseo de otra comunidad'. Y concluyó afirmando que la decisión del patronato del archivo de rechazar la devolución 'obliga tanto a los socialistas de toda España como a los de Castilla y León'. En un sentido contrario, el consejero jefe del Gobierno catalán, Artur Mas, reprochó al Ejecutivo central que destine dinero a la Fundación Francisco Franco y que 'no tenga un acto de coraje democrático que devuelva a Cataluña los papeles que le corresponden'.

Quizá previendo esta catarata de declaraciones, el portavoz de la Comissió de la Dignitat aseguró, durante el acto celebrado ayer en Salamanca, que 'la lamentable politización del tema ha oscurecido los criterios científicos y éticos que deberían haberlo regido'. La comisión informó, antes de concluir el acto, de algunas de las adhesiones recibidas últimamente, entre las que figuran las de Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón, miembro del PP; las de los historiadores Javier Tusell y Paul Preston, y la de Noam Chomsky.

Corona de laurel

Finalizado el acto, los integrantes de la expedición de la Comissió de la Dignitat se dirigieron a la sede del archivo, ante cuya fachada fue depositada una corona de laurel como 'tributo a los miles de catalanes a los que esos papeles llevaron a la muerte'.

La presencia en Salamanca de la Comissió de la Dignitat debía producirse con 24 horas de antelación a la inauguración de la exposición Propaganda en guerra, pospuesta finalmente hasta el próximo 12 de noviembre. La demora no obedece a la anunciada presencia de los catalanes en la ciudad, sino a 'problemas de disponibilidad de espacio para el montaje', según declaró Alberto Martín Expósito, coordinador de Programación del Consorcio Salamanca 2002. El anuncio de esta exposición fue objeto de queja ante la Oficina contra el Fraude de la Unión Europea. En una carta dirigida a su director, Hermann Bruner, la Comissió de la Dignitat lamenta que se faciliten fondos europeos para organizar una exposición que 'consiste básicamente en carteles de artistas catalanes, como Carles Fontserè, quien ha pedido reiteradamente la devolución de sus obras robadas y no ha dado su autorización para que sean expuestas'.