Salamanca conservará los documentos de la guerra civil reclamados por Cataluña

Nada se moverá de Salamanca. Al menos a corto plazo. La documentación que las tropas fascistas del general Franco robaron en Cataluña al término de la guerra civil y trasladaron después a Salamanca seguirá allí, en el Archivo General de la Guerra Civil, porque su devolución a quienes se consideran sus legítimos propietarios -instituciones, públicas y privadas, y particulares- 'resulta incompatible con la unidad de archivo', según se afirma en una resolución aprobada ayer por el patronato del mencionado archivo, que 'estima zanjada la cuestión'. La decisión del patronato fue bien acogida en Salamanca y causó indignación en Cataluña.

No parece, por lo que se dijo ayer en Cataluña, que la reivindicación de los papeles de Salamanca vaya a ser olvidada, pese a la resolución del patronato. La Generalitat, nada más conocer la decisión, aludió a la posibilidad de acudir a los tribunales y se ofreció 'como coordinadora' de una posible acción conjunta por parte de los restantes afectados, ayuntamientos, partidos políticos, sindicatos, entidades y particulares. También los partidos políticos reaccionaron con duras declaraciones ante la decisión de no devolver a Cataluña la documentación expoliada a partir de 1939 y hasta bien avanzada la década de los cuarenta.

Para la ERC, la resolución del patronato constituye 'una auténtica burla'. 'Se ha consumado un acto de expoliación realizado al amparo de la legalidad franquista', señaló su portavoz, Joan Ridao. El democristiano Josep Antoni Duran Lleida, secretario general de CiU, acusó al Gobierno del PP de 'ahogar los sentimientos de Cataluña'. El historiador y portavoz socialista Joaquim Nadal aseguró que 'los futuros gobiernos socialistas en Cataluña y España encontrarán elementos de entendimiento para resolver la cuestión'. 'Existen soluciones técnicas', agregó Nadal, 'que garantizarían la unidad de archivo y, a la vez, permitirían la devolución del patrimonio expoliado'.

En esa misma línea de entendimiento futuro, el secretario general de los socialistas de Castilla y León, Ángel Villalba, valoró de forma positiva la decisión del patronato, pero reclamó la búsqueda de 'fórmulas que, desde la unidad de archivo, satisfagan a otras autonomías y colectivos'. El secretario regional del PP, Alfonso Fernández Mañueco, señaló: 'Entendemos que hay que respetar las decisiones del patronato, y entendemos que lo mejor es mantener la unidad del archivo'. La directora de Patrimonio de la Junta de Castilla y León, Begoña Hernández, afirmó que la decisión permite 'cerrar una etapa' de polémica y abrir otra de impulso de nuevas actividades.

Dos horas y cuarto

Presidida por la ministra de Educación y Cultura, Pilar del Castillo, la reunión del Patronato del Archivo General de la Guerra Civil se celebró en Madrid y se prolongó durante dos horas y cuarto a partir de las doce del mediodía. Asistió la totalidad de sus miembros -ninguno de ellos catalán-, excepto el rector de la Universidad de Salamanca, que mandó una representación. El portavoz oficial del ministerio no pudo precisar si la resolución había sido sometida a votación y si había sido aprobada por unanimidad o sólo por mayoría. 'Supongo que es una resolución asumida por la totalidad del patronato', señaló.

El patronato había sido convocado para debatir, entre otros temas, los documentos elaborados por la 'comisión técnica' creada en su día para analizar la eventual devolución a Cataluña de los documentos de la Generalitat republicana. La comisión estaba formada por cuatro miembros, dos de ellos designados por el patronato que gestiona el archivo -Antonio Morales y Carlos Dardé- y otros dos nombrados por la Generalitat -Borja de Riquer y Joan B. Culla-. Esta comisión, ya es sabido, había finalizado sus trabajos sin acuerdo, lo que propició la presentación de informes sepadados por cada una de las partes. Y ante esa discrepancia el patronato 'juzgó acertado' el parecer de sus propios representantes en la comisión técnica. Según ese parecer, 'constituye parte sustancial del archivo toda aquella documentación relativa a la guerra civil, así como a los años que la precedieron y los posteriores', según consta en la nota informativa difundida ayer por el ministerio, que agrega: 'Es fundamental su constatación de que los documentos anteriores a la guerra civil, y sobre todo los relativos al periodo de la Segunda República española -tanto los relacionados con organizaciones políticas, sindicales o sociales como aquellos otros referidos a correspondencia entre políticos relevantes del periodo-, fueron posteriormente utilizados por el régimen franquista, con fines represivos, una vez terminado el conflicto. Los expedientes elaborados en Salamanca revelan opiniones y adscripciones políticas de fechas anteriores a la guerra civil. Si se considera parte sustancial del archivo aquella integrada por los expedientes personales, necesariamente ha de serlo la documentación que sirvió para informar dichos expedientes, sea cual fuere su fecha'.

Por todo ello, el patronato del archivo resolvió ayer que la propuesta de los representantes de la Generalitat 'resulta incompatible con la unidad del Archivo de la Guerra Civil'. Riquer y Culla abogaban por el depósito en una institución archivística catalana de 'todos los documentos anteriores a 1936 que tengan relación con Cataluña', siempre según el comunicado ministerial.