La comisión sobre el fondo catalán del Archivo de Salamanca evidencia hoy su desacuerdo

¿Qué fecha tiene que ser considerada como el límite de los antecedentes inmediatos de la guerra civil? Los cuatro historiadores que integran la comisión técnica que tiene que dictaminar sobre qué documentos catalanes del Archivo de la Guerra Civil en Salamanca podrían depositarse en Cataluña no ha llegado a un acuerdo. A juicio de los designados por el Ministerio de Educación y Cultura, hay que remontarse como mínimo al 14 de abril de 1931. En opinión de los designados por la Generalitat, una cosa es la República y otra la guerra civil, por lo que, como máximo, estarían dispuestos a considerar lo acontecido tras la revuelta de octubre de 1934. Hoy se entregan los dos dictámenes que evidencian el desacuerdo.

La comisión técnica paritaria comenzó a funcionar en febrero de 2001. Está integrada por los historiadores Carlos Dardé y Antonio Morales, designados por el Ministerio de Cultura, y los también historiadores Joan B. Culla y Borja de Riquer, nombrados por la Generalitat de Cataluña. Su objetivo era intentar llegar a un acuerdo sobre un posible depósito en el Archivo Nacional de Cataluña de una parte de los documentos que integran el fondo catalán del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, requisados durante la contienda.

En principio, y teniendo en cuenta la especialidad del archivo, se descartaron los documentos relativos al periodo concreto de la guerra civil y durante cerca de un año estuvieron trabajando con los legajos de los años anteriores. Tras varias reuniones y de estudiar los legajos -que en muchos casos mantienen el inventario no profesional realizado en 1948-, los dos historiadores catalanes enviaron en enero una primera propuesta sobre los documentos que consideraban susceptibles de ser depositados en el archivo catalán.

Baile de fechas

Tras cuatro meses de silencio, finalmente recibieron la propuesta de los historiadores designados por el ministerio, que reducía su propuesta de forma considerable. Al preguntar las razones les informaron de que habían reconsiderado las fechas ya que entendían que el archivo tenía que reunir los documentos relativos a 'la guerra civil y sus antecedentes'. Tras indicarles que considerarían adecuado retrotraerse a 1917 o 1923, consideraban en todo caso irrenunciable el que el archivo salmantino mantuviera los fondos datados con posterioridad al 14 de abril de 1931, fecha de proclamación de la República. La disparidad de criterios entre los historiadores en este punto fue insalvable. Decidieron realizar dos dictámenes por separado en el que cada una de las partes explicaría sus argumentos y sus propuestas. La fecha tope para la entrega de este informe acaba hoy.

Tanto Joan B. Culla como Borja de Riquer, que mañana enviarán su dictamen al director general de Patrimonio de la Generalitat para que lo eleve al ministerio, como Antonio Morales y Carlos Dardé, que lo enviarán también hoy a la ministra Pilar del Castillo, han cumplido los plazos. Los dos dictámenes se estudiarán en la próxima reunión del Patronato del Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, que preside la ministra.

La reunión aún no tiene fecha, aunque se espera que pueda celebrarse a finales de este mes o principios de julio. Su decisión tampoco es vinculante ya que es el ministerio el que finalmente podría tomar una decisión sobre este asunto. Nadie, sin embargo, confía en que se llegue a ninguna solución a corto plazo.

'El informe que entregaremos es muy pragmático y se hace una propuesta muy cauta sobre los documentos que podrían depositarse', señaló ayer Culla, que no quiso desvelar el contenido del dictamen aunque confirmó las informaciones que habían trascendido sobre esta discrepancia en las fechas. Antonio Morales, por su parte, fue aún más cauto, y tras reconocer la discrepancia señaló que no explicarían sus argumentos al respecto hasta que el patronato del archivo hubiera estudiado su informe.

El conseller en cap de la Generalitat, Artur Mas, se mostró pesimista al respecto cuando, el pasado viernes, recibió la declaración suscrita por 500 personalidades de la cultura y de la universidad pertenecientes a 205 universidades de 47 países solicitando la devolución a Cataluña de estos papeles.

Esta petición, que cuenta con las firmas de Noam Chomski, Paul Preston, Mario Soares y Rigoberta Menchú, se publicó el pasado fin de semana en formato publicitario de doble página en varios periódicos, entre ellos EL PAÍS. 'Es mejor mantener la reivindicación que un acuerdo a la baja', señaló Mas. El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Salamanca Manuel Redero San Román señaló ayer: 'El archivo con sus fondos debe quedarse en Salamanca, pero seguramente lo conveniente sería tratar de buscar una solución pactada, en la que quizá podría caber alguna especie de reparación por lo que supuso la expoliación', informa Ignacio Francia.

Con independencia de si hay acuerdo político o no respecto a la devolución a Cataluña de este material documental, el motivo de las discrepancias puede abrir el debate histórico sobre los orígenes de la contienda.