Un tribunal de la UE confirma la prohibición de cuatro antibióticos para el ganado

El Tribunal de Primera Instancia de la UE confirmó ayer la validez de la normativa comunitaria que prohibe la utilización de cuatro antibióticos como aditivos en la alimentación animal. Las multinacionales farmacéuticas Pfizer y Alpharma pidieron la anulación del reglamento adoptado por el Consejo de la UE por considerar desproporcionada la medida. Pero los jueces aseguran que está justificada para proteger la salud pública.

La UE decidió en diciembre de 1998 prohibir mediante un reglamento comunitario la utilización de cuatro antibióticos (virginiacina, bacitracina-cinc, espiramicina y fosfato de tilosina) como aditivos en la alimentación animal, aunque se acordó que podrían mantenerse en el mercado. Estos productos se han utilizado durante años para acelerar el crecimiento y engorde de las reses: con menos alimento se consigue en menos tiempo el peso ideal para llevar al animal al matadero. Pero desde los años 70, cada vez más científicos alertan de riesgos para la salud humana.

El problema reside en que el animal pueda desarrollar resistencia a esas sustancias y que ésta se transfiera al hombre, con la consecuencia de que esos antibióticos no puedan utilizarse 'eficazmente' en medicina contra ciertas enfermedades graves. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y otros organismos pidieron que se pusiera fin a esta práctica. Y algunos países europeos decidieron actuar por su cuenta para proteger a los consumidores. La UE decidió adoptar su propia normativa contra esos cuatro antibióticos, pero no se aportaron pruebas científicas de su relación con el desarrollo de resistencias en el hombre.

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Para justificar las medidas, los Quince invocaron el 'principio de cautela'. Pero la industria farmacéutica reaccionó: Pfizer (único productor mundial de virginiamicina) y Alpharma (principal suministrador de bacitracinacina en Europa) presentaron recursos de anulación ante el Tribunal de Justicia. Les apoyaban varias organizaciones agrarias. El Consejo, por su parte, contaba con el apoyo de la Comisión Europea, Dinamarca, Suecia, Finlandia y Reino Unido.

En el proceso alegaron que las instituciones 'en vez de efectuar una evaluación en profundidad de los riesgos, trataron de eliminarlo adoptando un planteamiento nada realista conocido como de riesgo cero'. 'Fue una decisión de oportunidad política y no un análisis científico objetivo', argumentaron los abogados. Pero los jueces concluyen que 'pese a la incertidumbre sobre la existencia de una relación entre la utilización de estos antibióticos como aditivos y el desarrollo de la resistencia a los mismos en el ser humano, la prohibición de dichos productos no es una medida desproporcionada cuando se habla de proteger la salud pública'.