La ley de punto final, en la picota
La Corte Suprema, el más alto tribunal de Argentina, tiene desde ayer en sus manos la decisión de declarar inconstitucionales las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, aprobadas durante el Gobierno democrático de Raúl Alfonsín, tras el fin de la dictadura, y que otorgaron impunidad a los militares implicados en violaciones de derechos humanos. Nicolás Becerra, procurador general de la Nación (fiscal general del Estado) ha remitido un dictamen a la Corte Suprema en el que recomienda que falle a favor de la inconstitucionalidad y nulidad de las dos leyes, tal y como hicieron el año pasado los jueces federales Gabriel Cavallo y Claudio Bonadío anteriormente.
La decisión del jefe de los fiscales es un golpe contra quienes defienden la impunidad para los autores de crímenes de lesa humanidad, como los cometidos durante la dictadura argentina (30.000 desaparecidos), y un mensaje de Becerra en defensa del Estado de derecho. El dictamen estima que no basta con que el Estado investigue la verdad de lo ocurrido, sino que los responsables tienen que ser castigados.
El procurador se extiende en reflexiones jurídicas, políticas y éticas a la hora de fundamentar su dictamen. 'La República argentina atraviesa momentos de desolación y fatiga. Es como si un pueblo cansado buscara soluciones trágicas. Se ha deteriorado todo, la funcionalidad de las instituciones, la calidad de la vida, el valor de la moneda, la confianza pública, la fe civil, la línea de pobreza, el deseo de renovar la apuesta cívica...', escribe Becerra.
'Un Estado que apenas puede proveer derecho, apenas seguridad, apenas garantías, poco tiene que predicar', añade. Y concluye: 'De alguna forma hay que salvar el decoro de una sociedad que debe sobrevivir con dignidad y cuyos intereses la Constitución nos manda defender'.
