El Gobierno argentino se declara insolvente tras la sentencia que anula el recorte salarial

Con el fallo de restituir el 13% de los salarios recortados en mayo de 2000 a los empleados y jubilados del Estado, el Supremo argentino inicia la embestida para obligar al Ejecutivo a presionar a los grupos parlamentarios peronistas para que desistan del juicio político contra los nueve miembros del tribunal. La sentencia es inapelable y resuelve un caso particular. Si se extiende a toda la Administración pública, aumenta en 200 millones de pesos (58 millones de euros) las nóminas de septiembre, y en 2.400 millones (686 millones de euros), el próximo presupuesto.

El previsible aumento del déficit fiscal altera las metas del borrador de la carta de intención enviada al Fondo Monetario Internacional (FMI) y podría demorar de nuevo el acuerdo que el Gobierno argentino esperaba firmar dentro de dos semanas. El Ejecutivo confiaba en que el fallo sería favorable a sus intereses. La Corte ya había convalidado en el pasado las rebajas transitorias de los salarios de la Administración pública en situaciones de emergencia económica, pero el tribunal consideró esta vez que el recorte es 'inconstitucional', porque el aumento del coste de la vida desde que se devaluó el peso a comienzos de enero deprecia automáticamente el valor de compra de los salarios y resulta 'irrazonable' que los empleados del Estado sufran, además, el recorte de sus salarios.

El conflicto de poderes permanece latente desde marzo, cuando una comisión del Congreso anunció el juicio político a los miembros del Supremo. Ayer se produjo una subida de tensión que estremeció al Ejecutivo. 'Nadie sabe cómo sigue esto. Plata no hay', admitía a EL PAÍS un secretario de Estado. En rueda de prensa, el jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, dijo: 'El Poder Ejecutivo tiene que acatar los fallos de la Corte, pero todo el mundo sabe que el Estado no tiene los recursos necesarios para hacer frente a estos gastos'. El Ejecutivo va a demorar 'todo lo que pueda' la devolución del dinero retenido por los decretos que en su momento dictó el Gobierno de la alianza de partidos que presidía Fernando de la Rúa.

Restitución inmediata

El fallo de la Corte, votado a favor por siete de los nueve jueces, impone la restitución inmediata a un militar que inició la demanda en los tribunales contra el Ministerio de Defensa del 13% desde el momento en que le rebajaron el salario. El expediente llegó al Supremo por un recurso interpuesto por los abogados del Estado. La decisión habilita ahora a todos los empleados y jubilados de la Administración pública a iniciar la misma reclamación con la seguridad de que ganarán los juicios si el Ejecutivo no reconoce antes la deuda y se compromete a pagarla. La Ley de Presupuesto permite postergar la obligación contraída en este ejercicio hasta 2004, tal vez con una emisión más de títulos, pero desde el próximo mes los salarios tendrán que pagarse a los valores previos al recorte.

Según el ministro de Justicia, Juan José Álvarez, 'los agentes del Estado comenzarán a litigar para que les devuelvan ese dinero retenido y el Estado nacional tendrá que hacer una cantidad de egresos [gastos] que no tenía previstos. El problema es de caja: si está la plata, se reconoce el pago; si no, no se puede reconocer'.

La anunciada bomba es sólo una de las que el Supremo tiene preparadas para las próximas semanas si el Congreso no abandona definitivamente la ambición de continuar con el juicio político. Ya no caben pactos ni acuerdos para que la batalla se salde con la renuncia de algunos miembros del tribunal. Un portavoz de la Corte recordaba ayer la consigna de los mosqueteros: 'Todos para uno, uno para todos'. De los temas a consideración del Supremo y pendiente de resolución se destacan en particular las demandas de los ahorradores, a los que se les impuso por decreto la pesificación a 1,40 por dólar de sus depósitos, que pretenden ahora recuperar su dinero en dólares y también los recursos de amparo para que los bancos restituyan los fondos confiscados a los ahorradores en los llamados corralito, las cuentas corrientes y de ahorro, y en el corralón financiero que afecta a los depósitos a plazo. El ministro de Economía, Roberto Lavagna, asegura: 'Si no se sella la fuga de depósitos a plazo, se corre el riesgo de acelerar una espiral inflacionaria que no tendría fin'.