El Gobierno argentino estudia un aumento de las tarifas públicas

El ministro de Economía argentino, Roberto Lavagna, tiene bajo estudio un decreto que prevé el aumento de las tarifas en los servicios públicos, según lo solicita el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ayer llegó al país suramericano una misión de dicho organismo para auditar el programa monetario, jaqueado por las sentencias judiciales que autorizan a los ahorradores a retirar dinero del corralito.

El Gobierno argentino, liderado por Eduardo Duhalde, analiza una subida de las tarifas de los servicios públicos privatizados, según admitieron ayer funcionarios del Ministerio de Economía. La medida, que forma parte de los requisitos impuestos por el FMI para arribar a un acuerdo, es reclamada por las empresas y, a la vez, fuertemente resistida por los usuarios. Mientras tanto, ayer llegó a Buenos Aires una nueva misión del FMI, con el objetivo de controlar la marcha del programa monetario.

En los pasillos del Gobierno confían en que el acuerdo que sacará a Argentina del pantano económico está más cerca, sobre todo a partir del adelanto electoral anunciado por Duhalde la semana pasada. Un funcionario del área económica explicó, optimista, que, 'aclarados los tiempos políticos, el acuerdo puede estar en cuatro días; lo que queda es simplemente cuestión de aritmética'.

Más allá de los vaivenes del ánimo oficial, lo cierto es que el plan de Lavagna se juega sus horas cruciales en los próximos 20 días. En ese plazo deberán resolverse los nuevos cuadros tarifarios y el 'goteo' (retiro de fondos por autorización judicial) de los depósitos atrapados en el corralito.

Compensación

El aumento de tarifas, congeladas por ley a partir de la devaluación, compensará en parte a las empresas concesionarias, entre las que se encuentran Telefónica y Endesa. La idea del Gobierno es lanzar la reforma por decreto. 'No podemos demorarnos con planteos en el Congreso; la relación con las empresas está muy tensa y necesitamos señales de alivio de cara a la negociación con el Fondo', señaló en tono dramático un portavoz del Gobierno.

Por su parte, las entidades que agrupan a los usuarios ya se encuentran en pie de guerra, preparadas para resistir lo que consideran un nuevo golpe a los bolsillos de la clase media.

Por el lado del goteo, el problema reside en que el FMI considera esas salidas de dinero en efectivo como emisión monetaria, lo que descalabra cualquier previsión sobre la economía. En el mes de julio salieron por esa vía 1.080 millones de pesos, frente a los 807 millones de promedio mensual que se escurrieron entre febrero y mayo. La mayoría de esos pesos se convierte en dólares, aumentando la presión sobre la moneda norteamericana.

Ocurre que los jueces argentinos declaran sistemáticamente la inconstitucionalidad del corralito y autorizan a los depositantes a retirar su dinero en efectivo. Los bancos cumplen esas sentencias a regañadientes, amenazados por la prisión de sus ejecutivos bajo cargos de obstrucción de justicia. Ayer, por ejemplo, la justicia procesó y embargó en 70.000 pesos a un gerente del Citibank que se negó a devolver su dinero a un ahorrador.