El Gobierno argentino investiga casos de evasión fiscal en el 'corralito'

El Gobierno argentino anunció ayer que ha detectado cientos de casos de evasión fiscal en la retirada de dinero que efectuaron los ahorradores, merced a los amparos concedidos por los jueces que consideran que el corralito es inconstitucional. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), organismo de recaudación oficial de ese país, informó de la apertura de sumarios contra esos depositantes, tras descubrir que el 50% del efectivo obtenido por vía judicial no está declarado ante el fisco.

Alfredo Atanasof, jefe de Gabinete del Gobierno de Eduardo Duhalde, explicó ayer en conferencia de prensa que 'hay ejemplos muy curiosos'. La AFIP halló constancias de que la mitad de los 400 millones de dólares que se han sacado de los bancos no tiene justificación tributaria alguna. Entre los ejemplos señalados por el Gobierno, figuran casos como el de un jubilado que jamás se registró en Hacienda y retiró un millón de pesos y el de una familia que extrajo 960.000 dólares bajo la excusa de haberlos ganado en la Lotería.

El otorgamiento de los amparos ha puesto a decenas de jueces en el punto de mira. El Gobierno sospecha de una trama de corrupción entre ahorradores, abogados y jueces, reunidos con el objeto de saltarse el corralito y repartir los 'dividendos'. En ese sentido, el sistema judicial completo de la norteña provincia de Chaco se encuentra bajo investigación de la Justicia nacional, en tanto en esa pequeña región se acumuló el 10% de las extracciones de todo el país.

Según el ministro de Economía, Roberto Lavagna, la esperanza de los ahorradores de obtener medidas judiciales favorables es la causa fundamental del fracaso de su plan de entrega de bonos a cambio del dinero atrapado. Ayer acabó el plazo para optar por esos bonos con un respaldo que no alcanzó el 15%, según reconoció el propio titular de Economía.

Procesamiento

Por otro lado, el juez Mariano Bergés resolvió ayer procesar al vicedirector del Scotiabank, Alan Mc Donald, y al jefe del Departamento Legal de dicha entidad , Eduardo Oteiza, a los que acusa de 'desobediencia judicial', un delito con pena de hasta un año de prisión en suspenso, por negarse a devolver el depósito a plazo a uno de sus clientes un día antes de que el Banco Central de Argentina ordenara la suspensión de actividades por falta de liquidez. El juez dispuso, además, un embargo de sus bienes por 120.000 pesos (unos 35.000 euros). Mc Donald, residente en Canadá, es el primer representante de un banco extranjero que debe responder ante la justicia argentina.

El propio ex presidente Fernando de la Rúa deberá dar explicaciones ante el juez Jorge Urso por una causa iniciada en diciembre del año pasado por supuestos delitos federales al decidir la implantación del corralito. Urso, célebre desde que ordenara la prisión del ex presidente Carlos Menem por contrabando de armas, también deberá decidir la suerte de Domingo Cavallo, ex ministro de Economía, en la misma causa.