Los jueces del 'corralito' aceptan el decreto de Duhalde y suspenden las salidas de dinero

Los jueces competentes en lo contencioso administrativo de Buenos Aires, quienes otorgaron la mayoría de los amparos contra el <corralito, decidieron ayer darle un respiro al exigido Gobierno de Eduardo Duhalde al concluir que el decreto que prevé la suspensión de las salidas del cerco es 'jurídicamente válido'. Ello implica el sello definitivo del cerrojo financiero, siempre y cuando ningún otro juez del interior del país sentencie lo contrario. Los expertos enviados a Argentina por el Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyeron ayer su misión en medio de un clima de satisfacción.

La fuga continua de fondos del sistema bancario argentino por los recursos de amparo que concedían diariamente los jueces a los ahorradores atrapados en el corralito financiero, quedó ayer sellada durante los próximos seis meses ya que los magistrados en lo contencioso administrativo de Buenos Aires consideraron 'jurídicamente válido' el decreto de necesidad y urgencia dictado por el presidente Eduardo Duhalde el martes pasado. Esto implica el cerrojo final del corralito, siempre y cuando ninguno de los jueces de las provincias decida sentenciar lo contrario, es decir, lo vuelva a considerar inconstitucional.

Desde febrero los bancos debieron devolver unos 4.000 millones de dólares y el ministerio de Economía había estimado que saldrían por la vía judicial otros 6.000 millones en lo que resta del año en curso.

El decreto del Ejecutivo provocó las reacciones airadas de algunos constitucionalistas y de un centenar de ahorradores, quienes ayer se manifestaron frente al Palacio de los Tribunales. Por su parte, los jueces de la Corte Suprema anticiparon que seguirían en su pronunciamiento el criterio de los jueces porteños. Ocurre que el propio Duhalde había advertido a los jueces del máximo tribunal que tomaría esa medida y comprometió su apoyo para impedir que el Congreso continúe con el proceso de juicio político activado en su contra.

En la historia argentina contemporánea hay antecedentes de situaciones extremas, como la obligación de pagar a los jubilados los juicios ganados contra el Estado, en las que el Ejecutivo suspendió o demoró por decreto el cumplimiento de esas sentencias favorables. En todos los casos, el máximo tribunal del país aceptó las razones de necesidad y urgencia. Esta vez se suspende el trámite de unos 200 mil recursos de amparo, para tratar de evitar la caída definitiva de los grandes bancos públicos, como el Banco Nación y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, y de la mayoría de los privados que no cuentan con fondos propios y deben enfrentar en solitario la retirada de dinero del corralito.

La crisis de confianza es tan extrema que el porcentaje de nuevos depósitos en los bancos es inferior al 10%, en términos comparativos con los de hace apenas siete meses. Para mantener en pie a las entidades financieras, el Banco Central sobrepasó ya en 2.000 millones de pesos la pauta de emisión monetaria, estimada en 3.500 millones en el presupuesto aprobado a principios de año.

El decreto del Ejecutivo responde también a un reclamo del ministro de Economía, Roberto Lavagna, quien consideraba a la fuga de depósitos como 'el principal problema' que trababa la discusión sobre la política monetaria y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Decisión de los 'notables'

El plan de Lavagna recogió el apoyo de los cuatro notables enviados por el FMI, quienes concluyeron ayer su misión en Buenos Aires. El grupo de expertos se recluirá para tomar una decisión sobre el caso argentino y la semana próxima emitirá su veredicto final, comunicándolo en simultáneo a Washington y a Buenos Aires.

Un portavoz del ministro aseguró ayer que 'todo resultó mejor de lo esperado, ya están dadas las condiciones para firmar la carta de intención con el Fondo'. En los alrededores de Duhalde confían en que el ansiado acuerdo con el FMI se apruebe en los próximos 20 días.