Un fiscal recurre el decreto de Duhalde que suspende las sentencias del 'corralito'
Pablo Lanusse acusa al Gobierno argentino de los delitos de abuso de autoridad y de violación de los deberes de funcionario público
Un fiscal argentino ha denunciado hoy al presidente Eduardo Duhalde y a su Gabinete por los presuntos delitos de "abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público", por haber firmado un decreto que frena la ejecución de medidas judiciales para devolver los depósitos atrapados en el corralito. La denuncia del fiscal choca con la decisión de los jueces de lo contencioso administrativo de Buenos Aires, que ayer aceptaron dicho decreto al considerarlo "jurídicamente válido".
Según el escrito del fiscal Pablo Lanusse, el decreto de Duhalde " vulnera el principio de la cosa juzgada al establecerse por medio de esta norma que las sentencias definitivas no serán tales sino que se suspenden en el tiempo por decisión del Poder Ejecutivo".
Mediante el decreto que entró en vigencia ayer miércoles, el Gobierno frenó la ejecución de medidas de amparo judiciales originadas en reclamos de ahorradores cuyos fondos quedaron retenidos en el corralito.
El drenaje de fondos de los bancos por presentaciones judiciales sumó 1.008 millones de pesos (280 millones de dólares) sólo en junio pasado y los banqueros reclamaron al Gobierno una medida para frenar la salida de depósitos.
Recurso del Defensor del Pueblo
Al recurso judicial de Lanusse se sumará en las próximas horas otro del Defensor del Pueblo argentino, Eduardo Mondino, quien hoy ha anunciado que entablará acciones contra el decreto dictado por Duhalde en representación de todos los ahorradores con dinero atrapado en el corralito.
La suspensión de los fallos contra el corralito entró en vigor cuando el Gobierno trabajaba en el diseño de una reestructuración del sistema financiero a tono con los requisitos del Fondo Monetario Internacional (FMI) para ayudar a Argentina.
La solución al "goteo", como denominan los analistas a la salida de fondos por medidas judiciales, también fue planteada por la comisión de cuatro economistas notables del Fondo Monetario Internacional (FMI) que se reunieron con las autoridades argentinas durante esta semana.
Para dolor de cabeza de las autoridades y la banca, los recursos de amparo judicial han permitido hasta ahora que los ahorradores rescaten depósitos retenidos por unos 4.500 millones de pesos (1.216,2 millones de dólares), según fuentes financieras.
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