Los jueces aceptan la suspensión de los fallos contra el 'corralito'

La justicia argentina ha decidido acatar el decreto gubernamental "de necesidad y urgencia" que hizo público ayer el presidente Duhalde y que suspende por 120 días la ejecución de las sentencias contra el corralito financiero.

Los jueces federales de lo Contencioso Administrativo han decidido que el decreto es jurídicamente válido y que quedan suspendidos los mandamientos que estaban pendientes de ejecución, según ha informado un portavoz del grupo de jueces. No obstante, según la edición digital de La Nación dos de los 12 jueces implicados no han firmado el comunicado en el que expresan su conformidad con el decreto.

El jefe del gabinete de ministros, Alfredo Atanasof, explicó que el decreto busca que el Gobierno tenga "el tiempo suficiente para encontrar una solución para todos los ahorradores". Atanasof destacó que hasta ahora los amparos judiciales han beneficiado a sólo a una parte de los ahorradores, "en especial a los que tenían sumas verdaderamente enormes", por lo que el gobierno trabaja en "una solución para todos, no para unos pocos".

Críticas de los expertos

A pesar de la respuesta positiva de los jueces, varios expertos han criticado el decreto gubernamental. El abogado constitucionalista Gregorio Badeni ha dicho que la decisión del gobierno "viola claramente la Constitución" y supone una interferencia en los asuntos de la justicia, además de privar el derecho a la propiedad privada.

"Esto es una afrenta directa contra los ahorradores", ha opinado a su vez el abogado Daniel Sabsay, también experto en derecho constitucional.

Ambos expertos coincidieron en que ya que se han violado los derechos de los ahorradores, por lo menos el Estado debería darles una indemnización por los 120 días durante los cuales no podrán ejecutarse los recursos de amparo a su favor.