La Audiencia juzga al ex administrador de Codorníu, acusado de delito fiscal

Manuel Raventós Artés, ex administrador de Cordorníu, empezó a ser juzgado ayer en la Audiencia de Barcelona acusado de un supuesto delito fiscal. El fiscal reclama en sus conclusiones provisionales 2 años de prisión y multa de 80 millones de pesetas para Raventós, mientras que su abogado, Pau Molins, solicita la absolución por entender que no se cometió ningún delito. Por estos hechos también se sientan en el banquillo otras tres personas: José Cisa, Guillermo Jarque y Carlos Folchi. El fiscal pide para ambos 18 meses de cárcel y el abogado del Estado acusa, además, a Julio Bonet.

Según el fiscal, en julio de 1990 el entonces administrador de Codorníu utilizó 'simulaciones contractuales' para ocultar a Hacienda los beneficios generados por la venta de las acciones. El fiscal asegura que Codorníu debería haber abonado una cuota tributaria de 56,3 millones de pesetas por la venta de las 17.000 acciones que, a través de la sociedad Sadema, 'simuló vender a la compañía Inracosa' por 28 millones de pesetas. Según la fiscalía, Inracosa era 'una sociedad de fachada creada para la ocasión' y las acciones acabaron vendidas a la firma inglesa National Carrier por 188,9 millones de pesetas, cuando su valor real era de 1,1 millones de pesetas. Para camuflar la operación, añade el fiscal, la venta de las acciones se autoliquidó en 1990 a través de Inracosa (el 15%) y de Pinyer, SA (el restante 85%). Ninguna de las dos sociedades ingresaron cuota alguna al tener declaradas pérdidas de años anteriores. Pinyer es una sociedad inactiva administrada por Carlos Folchi, hermano del abogado Juan José Folchi, que, recuerda el fiscal, aparece también en otros procedimientos penales, como el caso De la Rosa.

La defensa de Raventós cree que la sociedad matriz de Codorníu a través de la que se realizó toda la operación de la venta de acciones fue Unideco y que el administrador de Codorníu no presídía ese Consejo de Administración, por lo que es inocente.