Servicios de investigación criminal de EE UU podrán actuar en España con el nuevo convenio

Agentes de los servicios militares de investigación criminal de Estados Unidos podrán residir en España y recabar información de la policía o incluso participar en operaciones, si lo hacen en compañía y bajo la responsabilidad de sus homólogos españoles. Esta novedad derivada de la revisión del acuerdo de defensa hispano-estadounidense de 1988 aprobada ayer por el Consejo de Ministros se aplicará, según el ámbito del propio convenio, a la protección del personal americano en España. La cooperación antiterrorista entre los dos países es un campo más amplio y va por otros derroteros.

El artículo 12 del Protocolo de Enmienda del Convenio de Cooperación para la defensa entre España y EE UU, que será firmado el miércoles en Madrid por el ministro español de Exteriores, Josep Piqué, y su homólogo norteamericano, Colin Powell, establece, en efecto, que 'el Servicio de Investigación Criminal Naval de Estados Unidos y la Oficina de Investigación Especial de la Fuerza Aérea podrán mantener personal en España' para que actúen en conjunción con el Cesid y con los servicios homólogos de la Marina y la aviación militar española, a fin de 'llevar a cabo investigaciones que afecten a personal americano en España'.

Este artículo se enmarca en el capítulo relativo a protección de las fuerzas, que ha sido el más conflictivo de la negociación por sus implicaciones en temas sensibles de la soberanía -quién y cómo garantiza la seguridad del personal estadonunidense en España- y también porque ha sido el último planteado. La delegación norteamericana no introdujo este problema hasta el pasado mes de diciembre, transcurridos más de ocho meses del inicio de las conversaciones, y tres meses después de que la seguridad se convirtiera en preocupación primordial como consecuencia de los atentados del 11 de septiembre.

El ataque de Yemen

La protección de sus medios militares en el extranjero es, sin embargo, un empeño de Estados Unidos desde que el destructor US Cole fue atacado en Yemen en octubre de 2000. En ese sentido, el contenido del artículo 12 responde a una instrucción general del Pentágono que querría introducirla en todos los acuerdos de defensa que tiene con distintos países. La cooperación para protección de las fuerzas estadounidenses era, según fuentes diplomáticas, ya desde hace meses un hecho en España, que se ha institucionalizado ahora con motivo de la revisión del convenio.

El protocolo de enmienda establece los principios ya enunciados, que deberán ser desarrollados en normas reguladoras acordadas por las partes.

El concepto de 'personal americano' que limita el ámbito de las operaciones en las que pueden intervenir los servicios estadounidenses no se refiere sólo a la protección del personal militar, ya que, según el artículo 4 del Protocolo, la aplicación del convenio de 1988 se extiende ahora 'a todos los miembros de la fuerza, al elemento civil y a las personas dependientes que se encuentren en España en relación con sus deberes oficiales'.

La hipótesis básica sería un riesgo de atentado contra algún funcionario o grupo de funcionarios concretos o contra algún medio militar o instalación estadounidense, especialmente fuera de las bases. En tales casos, indican fuentes diplomáticas, los servicios de inteligencia americanos destacados en España se activarían para recabar información de la policía, la Guardia Civil o de otros servicios españoles en el lugar oportuno, a fin de evaluar la amenaza y ver el modo de combatirla. Tendrán que hacer siempre estas gestiones acompañados de otros agentes españoles de enlace, indican las mismas fuentes.

Los servicios de inteligencia norteamericanos destacados en España tendrán sus bases en Rota y en Morón, según el Convenio revisado, pero podrán actuar en todo el territorio. De hecho, sus preocupaciones se centrarán, sobre todo, en las tareas de protección fuera de esos recintos.

El protocolo permite también la creación de una 'compañía de seguridad' estadounidense encargada específicamente de las tareas de protección, incluida en el límite total de fuerzas autorizadas, que se reduce en cuanto a los efectivos estables pero manteniendo invariable el total de fuerzas.

También en las tareas de protección efectiva el principio básico del acuerdo revisado es que la responsabilidad será siempre española, según afirmó Piqué al presentar el protocolo. Esto quiere decir que la autoridad que pida que se identifique a un español en un puerto civil donde haya atracado un buque de guerra estadounidense será siempre española, aunque pueda estar acompañada de un soldado norteamericano. La vigilancia eventual de ese buque seguirá a cargo de la Guardia Civil del Mar, aunque a bordo de la lancha pueda haber soldados estadounidenses.

Josep Piqué destacó ayer que la declaración de principios sobre cooperación industrial en defensa aneja al protocolo 'sólo la tienen los aliados más tradicionales de EE UU, como Canadá, Australia y el Reino Unido, de manera que España llega con ella a un nivel de entendimiento idéntico'.