Piqué asegura que el convenio con EE UU respeta la soberanía española

El ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué, aseguró ayer en el Congreso que el nuevo convenio de Defensa con Estados Unidos, que mañana firmará en Madrid con su homólogo Colin Powell, 'preserva la soberanía y el control de España sobre su territorio, mar territorial y espacio aéreo'. La oposición mostró su inquietud por el permiso dado a los servicios militares de investigación criminal de EE UU para que actúen en España.

El ministro de Defensa, Federico Trillo-Figueroa, reconoció que el Servicio de Investigación Criminal Naval y la Oficina de Investigaciones Oficiales de la Fuerza Aérea acompañan siempre a las tropas de EE UU en el exterior, por lo que hace tiempo que actúan en España y el convenio no hace más que 'aflorar' o 'explicitar' su presencia. Hasta ahora, matizó Piqué, operaban con autorización previa para cada caso por parte del Gobierno español.

En el futuro, podrán hacerlo, según el artículo 12 del protocolo de enmienda al convenio bilateral, en asuntos que 'afecten a personas o bienes de los Estados Unidos'. Piqué subrayó que no actuarán en solitario, sino 'en conjunción con sus homólogos españoles', las Fuerzas de Serguridad del Estado o el servicio de inteligencia, y que se dedicarán 'básicamente a obtener información sobre amenazas contra unidades militares de EE UU en España'. Trillo-Figueroa insistió en que la actuación de los servicios militares estadounidenses deberá ceñirse a unas futuras 'normas reguladoras en las que quedarán debidamente respetados todos los principios de soberanía y nuestras competencias'.

Estas normas reguladoras formarán parte de un acuerdo aparte del convenio que no pasará por el Parlamento, como tampoco lo hará el memorándum ya pactado entre los respectivos departamentos de Defensa sobre normas de protección de las fuerzas estadounidenses en España, especialmente de los buques que visiten puertos civiles.

El portavoz de IU, José Luis Centella, calificó de 'cesión de soberanía' el permiso dado a los servicios militares de investigación de EE UU y advirtió de que se abre 'un camino muy preocupante'. Pero también los grupos favorables al nuevo convenio mostraron su preocupación. Luis Mardones, de Coalición Canaria, lo calificó de 'asunto tremendamente delicado', e Ignasi Guardans, de CiU, expresó sus 'dudas constitucionales', ante una medida 'sin precendentes'.

Aunque también cuestionó esta medida, Jordi Marsal, del PSOE, se extendió más en el problema laboral de los 1.200 empleados civiles españoles de las Fuerzas Armadas de los EE UU en Rota (Cádiz), con los que el Gobierno tenía un compromiso 'que se está incumpliendo'.

'No se está incumpliendo el compromiso, se está tratando de cumplir', dijo Trillo-Figuera, quien reiteró que una comisión mixta intentará resolver el contencioso en los primeros seis meses de vigencia del convenio y rechazó la propuesta del PSOE de que el Gobierno adelante el dinero. Tras asegurar que la pérdida media de poder adquisitivo de los trabajadores ha sido del 10% como máximo, un tercio de lo que los afectados alegan, reconoció que 'este problema no está resuelto, ni vencido el compromiso del Gobierno', y prometió buscar 'una solución satisfactoria para los trabajadores'.