España acepta que EE UU continúe en las bases de Rota y Morón hasta 2010

El Consejo de Ministros autorizará hoy la firma del nuevo Convenio de Cooperación para la Defensa con Estados Unidos -formalmente, un protocolo de enmienda al acordado en 1988-, que firmarán el miércoles en Madrid el secretario de Estado norteamericano, Colin Powell, y el ministro de Asuntos Exteriores, Josep Piqué. El nuevo convenio amplía la presencia militar estadounidense al menos hasta el año 2010, una condición imprescindible para que EE UU inicie las obras de potenciación de la base de Rota (Cádiz), mientras que aparca las demandas locales.

Desde que expiró su periodo de vigencia, en mayo de 1997, el actual convenio se venía prorrogando tácitamente de año en año, siempre que ninguna de las dos partes lo denunciara. Esta incertidumbre jurídica impedía a EE UU abordar inversiones a largo plazo, como las previstas en el proyecto Visión 2010, que prevé la construcción de 16 aparcamientos para grandes aviones de transporte C-5 Galaxy, la ampliación del puerto y la remodelación de 30 edificios en la base de Rota (Cádiz) por unos 200 millones de dólares (227 millones de euros).

El nuevo convenio garantiza estabilidad suficiente para abordar este proyecto. Además, EE UU obtiene algunas demandas adicionales, como que sus militares jubilados, cada vez más numerosos en la zona, accedan a los servicios de la base.

España, por el contrario, ha renunciado a resolver el conflicto laboral que desde hace más de dos años mantienen los 1.200 civiles españoles empleados de las Fuerzas Armadas de EE UU en Rota. Aunque el Gobierno se comprometió públicamente a no iniciar siquiera la negociación del convenio antes de arreglar este contencioso -derivado de la eliminación de las exenciones fiscales que tenían dichos trabajadores-, la firmeza de Washington ha hecho aparcar el asunto, que será discutido por una comisión mixta en los primeros seis meses de vigencia del mismo.

Tampoco se han abordado las reivindicaciones del Ayuntamiento de Rota, que sólo percibe unos 300.000 euros anuales, en concepto de impuesto de circulación, de una base que, con sus 2.400 hectáreas, ocupa gran parte del término municipal.

El mayor logro del Gobierno español es un Memorándum de Entendimiento sobre cooperación tecnológica en industria de Defensa que Powell traerá de Washington ya firmado por el jefe del Pentágono, Donald Rumsfeld, para que lo suscriba en Madrid su homólogo Federico Trillo-Figueroa.

Esta documento (inspirado en los que tiene EE UU con países anglosajones como Reino Unido, Canadá o Australia), debería facilitar la penetración de las empresas españolas en el mercado estadounidense y, sobre todo, la transferencia de tecnologías sensibles, como sensores o comunicaciones encriptadas. Se trata, no obstante, de una mera declaración de intenciones, que vincula política pero no jurídicamente, cuyo efecto práctico se verá caso a caso.

El convenio se adapta a la realidad ya existente al suprimir las menciones a Zaragoza y Torrejón, donde ya no hay tropas de EE UU, y reduce de 5.250 a 4.250 el número de militares permanentes en Rota; aunque en realidad son unos 3.000. En cambio, se mantiene por encima de los 8.000 el número máximo de efectivos norteamericanos que pueden desplegarse en España sin una autorización especial del Gobierno.

España no ha logrado que sus militares en EE UU (menos de 200 en total) tengan el mismo trato que los norteamericanos en España. Por ejemplo, en caso de delito, estos últimos no podrán ser encarcelados preventivamente por un juez español, sino que quedarán bajo custodia de EE UU. Se trata de un punto especialmente sensible tras la negativa de Washington a ratificar el Tribunal Penal Internacional, cuya jurisdicción sí reconoce España.

Los atentados del 11-S y, especialmente, el ataque contra el destructor USS Cole en Yemen en octubre de 2000 han llevado a EE UU a extremar las medidas de protección. La unidad de seguridad naval de EEUU en Rota doblará sus efectivos hasta llegar a 180 y, además, se adoptarán medidas especiales de vigilancia durante las visitas de buques norteamericanos a puertos civiles. Este asunto ha sido objeto de un acuerdo específico, el más complicado de todos, pues EE UU pretendía que sus lanchas patrullaran en torno a los buques fondeados en aguas territoriales españolas lo que, además de fuente potencial de incidentes con civiles, suponía una cesión de soberanía. Las fuentes consultadas aseguran que la fórmula pactada, con equipos mixtos de vigilancia, garantiza que la responsabilidad última es española.

Finalmente, otro acuerdo entre ambas armadas permitirá que buques de la Sexta Flota hagan parte de su mantenimiento en la bahía de Cádiz.